La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de congelar las pensiones, el salario mínimo y el sueldo de los funcionarios, incumpliendo sus propias promesas ratificadas en diferentes declaraciones durante los últimos meses, ha generado estupor e indignación, y no solo en los colectivos en principio afectados. La medida adoptada por el último Consejo de Ministros de este año celebrado el viernes supone no ya incumplir el anunciado incremento a partir del 1 de enero de las pensiones sobre el IPC real -esto es, un 0,9%- sino incluso la subida del 0,25% que estaba en vigor desde su aprobación por el Gobierno de Mariano Rajoy. Según argumentó la ministra portavoz, Isabel Celaá, la decisión está motivada por el hecho de que el Gobierno está en funciones, aunque esta circunstancia no supone un obstáculo real ni legal para llevar a cabo el incremento. La intención del Ejecutivo es la de realizar “una única revalorización en el momento preciso que se configure el Gobierno” y que se hará con “carácter retroactivo” a ese 1 de enero, tal y como afirmó Celaá. Es decir, que la subida de las pensiones se condiciona de manera directa a la conformación de un Gobierno con Sánchez como presidente, lo que, en buena lógica, ha sido interpretado como una nueva medida de presión con vistas a que se le facilite su investidura, cuando no un mero chantaje. Es obvio que si las previsiones de Sánchez se cumplen y logra en un breve espacio de tiempo el ansiado acuerdo con ERC que le permita ser presidente, el efecto real de esta congelación podría ser mínimo, de tan solo unos días. Por tanto, si no existen problemas desde el punto de vista legal y la intención es aplicar las subidas en el mismo momento en que haya Gobierno, solo la hipótesis de que la medida busca presionar a los grupos que pueden facilitarle la investidura explica esta contradictoria decisión de Sánchez. Pero el presidente en funciones vuelve a jugar con fuego, porque utiliza algo de altísima sensibilidad social como las pensiones para hacer política. El mero hecho de que a poco más de cinco días para su aplicación nueve millones de pensionistas se enteren de que su asignación seguirá congelada no es serio y profundiza en la realidad de la crisis del propio sistema. Un reto que aún queda pendiente y que Sánchez debiera abordar con mayor ahínco buscando el consenso en lugar de seguir jugando con las pensiones.