El comité de crisis de la violencia machista, reunido este martes para evaluar los cinco feminicidios de febrero, ha subrayado "la alta complejidad" de los casos con "mujeres plurivictimizadas y multiagresores" y la falta de conciencia de la víctima respecto al riesgo que dificulta su protección.
En las conclusiones, publicadas este miércoles en uno de los peores comienzos de año desde que hay registro (2003) con 13 feminicidios, el comité ha insistido en que el "no reconocimiento de la situación de violencia ni por parte de la víctima ni del entorno, impide su detección" a lo que se añade un perfil complejo de mujeres y agresores con adicciones, vulnerabilidad económica o desempleo y mujeres migrantes sin red de apoyo.
A esta especial vulnerabilidad se añade, según el comité, "el no reconocimiento de la violencia psicológica como violencia de género, ni por parte de la víctima ni de los entornos".
Con este diagnóstico, el comité, en el que están representados los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, junto a la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, esboza unas líneas de actuación que pasan por subrayar la conveniencia de la instalación de dispositivos de control telemático y penas de prohibición de aproximación a la víctima "en casos de alta complejidad".
Se insistiría en estas medidas cuando la Policía Judicial o la Fiscalía lo recomienden "por existir indicios de que la víctima se halla en peligro o cuando confluyan diversas vulnerabilidades y el agresor sea reincidente".
Las valoraciones forenses del riesgo "deberán ser obligatorias"
Otro aspecto en el que el comité ha querido insistir es que, aunque la víctima no denuncie o manifieste que no desea colaborar, "se agoten todas las vías de investigación y se siga con el procedimiento judicial".
Según el comité de crisis, "las valoraciones forenses del riesgo deberán ser obligatorias, especialmente si hay menores involucrados en el proceso o en el caso de víctimas reticentes, pues en la mayoría de las ocasiones tienen miedo a las consecuencias".
También se estudia la petición de Igualdad de impedir que a los agresores, especialmente reincidentes, se les apliquen penas alternativas, como trabajos en beneficio de la comunidad.
El comité, que se ha reunido por segunda vez este año, ha demandado un refuerzo de la detección de casos en el sistema sanitario, tanto en atención primaria como hospitalaria.
Se trataría de instalar alertas en casos de intentos autolíticos en mujeres sobre todo vulnerables y mejorar la interconexión entre los sistemas de atención a las víctimas y los protocolos necesarios (sanitarios, servicios sociales, policiales y judiciales).
En definitiva, el comité se ha decantado por mejorar la coordinación y el intercambio de información del sistema judicial y policial al sistema asistencial y reforzar la formación de todos los implicados en la protección de las víctimas.