El anuncio conjunto por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para conformar un Gobierno de coalición “progresista” -que se declara abierto a la participación de otras formaciones políticas- supone por un lado el intento de superación del bloqueo a que habían llevado más las reticencias partidistas que los votos de los ciudadanos y, por otro, el reconocimiento implícito de los errores cometidos tras las elecciones de abril que llevaron a la repetición electoral del pasado domingo. Más en concreto, la admisión por el PSOE del gobierno de coalición y, tal como se anuncia, de la vicepresidencia del Ejecutivo para Pablo Iglesias -en junio y septiembre ambas afectaban a Pedro Sánchez en su capacidad onírica- señalan directamente a una mayor responsabilidad de la formación que ha ganado las dos últimas elecciones generales y de su líder, o de quienes le asesoran, en la pérdida de tiempo y recursos, en la limitada recuperación electoral del PP y en el crecimiento exponencial de la extrema derecha de Vox -ambos a costa de Ciudadanos- que la convocatoria del 10-N ha supuesto. Dicho esto y ante la presión de los 52 diputados de Santiago Abascal sujetando al PP de Pablo Casado, es evidente que el acuerdo con Unidas Podemos era en todo caso la única alternativa; también que dicho pacto presenta interrogantes que los diez puntos en los que se desgranan “los ejes prioritarios de actuación” del futuro Gobierno no terminan de despejar en lo sustancial más allá de las lógicas pretensiones generales en políticas y derechos socioeconómicos (educación, vivienda, pensiones, ecologia, dignidad personal, género...) que se presuponen a un ejecutivo autodenominado progresista pero que es preciso concretar y que no se ocultan condicionadas por una economía en la que asoma la desacelaración. Y cabe especialmente preguntar por el verdadero significado y el alcance último de ese “garantizar la convivencia en Catalunya” mediante el diálogo, así como por la intención real del “fortalecer el Estado de los autonomías”; no en vano de ello dependerán los apoyos añadidos que el acuerdo PSOE-Unidas Podemos pueda recoger -por tanto, el sueño de Sánchez, es decir la estabilidad del Ejecutivo- y con ellos las vías de solución a la perenne crisis territorial de un Estado que con todos sus gobiernos ha sido reticente a reconocer las aspiraciones de las naciones que contiene.