Escocia se prepara ya para un segundo referéndum de independencia el próximo año, tras el celebrado en 2014 y que deparó un resultado en el que el no se impuso con un 55,3% de los votos frente al 44,7% de la ciudadanía que optó por el sí. Así lo ha anunciado la ministra principal de Escocia y líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, quien tanto el viernes como ayer mismo ante varios miles de personas ratificó que pedirá en breve y de manera formal al próximo Gobierno británico las competencias necesarias para convocar una segunda consulta en 2020. Es evidente que este nuevo referéndum -que en cualquiera de los casos se plantea como una consulta legal y vinculante- cuenta con grandes dificultades para su ejecución. En gran parte, porque dependerá de quién sea el próximo inquilino de Downing Street, en función del resultado de las elecciones que se celebran el 12 de diciembre en un clima muy enrarecido y mediatizado por el brexit. El actual primer ministro, Boris Johnson, ya ha anunciado en reiteradas ocasiones que no está dispuesto a dar la autorización para el referéndum escocés. Por su parte, el Partido Laborista liderado por Jeremy Corbyn no tiene aún una posición fijada, aunque también es contrario tanto a la consulta como a la independencia escocesa. Aun así, Nicola Sturgeon ha asegurado que estas elecciones serán vitales para sus planes -“son las más importantes de nuestra vida”, afirmó ayer-, por lo que demandó un voto masivo para “poner el futuro de Escocia en manos de los escoceses”. Esta demanda de un segundo referéndum está directamente relacionada con la nefasta gestión británica del brexit, una salida de la UE que fue ampliamente rechazada por la mayoría de los escoceses. Por otra parte, las encuestas otorgan al Partido Nacionalista Escocés más de 50 de los 59 escaños reservados a Escocia en el Parlamento de Westminster, con lo que esta formación puede ser determinante y tener capacidad de negociación. Y, en cualquiera de los casos, de diálogo sin límites ni cortapisas. Se celebre finalmente o no este segundo referéndum, la realidad en Escocia vuelve a marcar una diferencia en calidad y capacidad de respuesta democrática a una demanda por la que en el Estado español hay líderes políticos condenados por graves delitos y en prisión. Lo que, sin duda, merece una profunda reflexión en el llamado constitucionalismo español.