Relaciones hispano-francesas y fronteras vascas

En el punto trigésimo cuarto del orden del día de la sesión del Congreso de los Diputados del próximo jueves, 13 de enero de 2025, consta, y en el capítulo dedicado a los debates de totalidad de convenios internacionales, el de un “Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República francesa, hecho en Barcelona el 19 de enero de 2023”.

Al margen de la particularidad del plazo que media entre su suscripción y su debate de totalidad, que es requisito de eficacia de cualquier norma, interna o convencional, lo que merece destacar del citado Acuerdo internacional es la acogida de diversas cuestiones, algunas de interés general y otras en especial para Gipuzkoa.

Centrados ya en cuestiones relativas, primero, a la concertación en materia de decisiones de interés en política exterior, seguridad y defensa, precisa que el Orden que se pretende promover se basará en el Derecho internacional, sustentado en el papel central de la ONU, la Agenda 2030, la igualdad de género y la “diplomacia feminista” –lo que, en los tiempos trumpistas que corren merece ser destacado–. Se sostiene, por su parte, en la definición común de las políticas estratégicas, en tomar como referencia de su compromiso de paz y seguridad la aplicación de la llamada “Brújula estratégica” de la Unión Europea y del concepto estratégico de la OTAN. Afirma para ello la necesidad de cooperación y establecimiento de una política común en materia de defensa y seguridad, para lo que promoverán una “base industrial y tecnológica de la defensa europea”, de sus equipamientos y de sus industrias de seguridad y defensa. Materia, esta, en la que, en mi opinión, la industria guipuzcoana debiera poder incidir para acceder a los cuantiosos fondos europeos que, si ya eran existentes, serán promovidos ahora en mayores cuantías al hilo de los últimos acontecimientos.

Continúa dicho Tratado, además, con dos cuestiones que entiendo de directo interés para Gipuzkoa. De una parte, en la promoción del buen funcionamiento de los controles transfronterizos internos, precisamente para “preservar” el acervo Schengen y la libertad de circulación” interna, lo que precisa, además, con el enunciado de un principio inspirador de las actuaciones en frontera que, en su caso, deberá ser aplicado en las del Bidasoa y con relación a los múltiples controles carentes de control; que, además, se debe entender reforzado por su continuación con otro enunciado inspirador de dichas actuaciones en frontera, como es la atención a la “delincuencia de menores… y del tratamiento de los menores no acompañados”. Ello sin perjuicio, además, de que en otro apartado posterior, se remite a que la “gestión de la migración” se debe hacer, en todo caso, a través de “fronteras exteriores” de la UE. Lo que, a mi juicio, caracteriza de forma negativa los controles que se han dado hasta la fecha en Irun.

Y de otra parte y en referencia a otra cuestión diferente de una actualidad rabiosa, el Tratado también incide en la necesidad de una “cooperación operativa” para seguridad, también para grandes eventos. De dichos preceptos merece destacar, en especial, que llama a la “coordinación en la lucha contra la inseguridad vial y la gestión de flujos intrafronterizos, y al llamamiento a unas “buenas prácticas” en ámbitos de seguridad vial, del transporte, de las infraestructuras y de sus equipamientos”. La comparativa de dichos enunciados con la ausencia de elementos de gestión interestatal de los problemas en los puntos de peaje, llama la atención.

Existe, finalmente, algún otro apartado de interés marginal, como es la relativa a los “varamientos y capturas accidentales de cetáceos en el Golfo de Vizcaya”, si bien, como última cuestión, no quiero terminar sin advertir de un apartado llamativo, cual es el del señalamiento a que “las partes fomentarán el aprendizaje de la lengua del vecino y su uso en la vida cotidiana en los espacios transfronterizos”. Casi nada.

Exdiputado EAJ/PNV