No producen ya sorpresa las informaciones sobre la actuación del CNI y del Tribunal Supremo contra Pere Aragonès cuando era vicepresidente del Govern. Solo acrecientan el escándalo de constatar que la “policía patriótica” que manejó el ministro de Interior de Mariano Rajoy alcanzaba a otros órganos de la seguridad y contaba con actores complacientes en la Justicia. La gravedad de los hechos se desborda con la justificación política de los mismos que se hace desde el PP, defendiendo que el Estado utilice todas las herramientas “para defenderse”, en palabras de Isabel Díaz Ayuso. Igualmente debería mover al escándalo y a la alarma del Poder Judicial el proceder del juez García Castellón y su empecinado e insostenible relato sobre terrorismo. No está instruyendo un procedimiento en el marco de la normativa vigente sino en la voluntad de sortear una legislación inminente. Hay una carga de juicios de valor, presunciones no acreditadas y la voluntad explícita de construir una acusación de terrorismo a costa de rayar la prevaricación. La identificación de la tipología del delito debería ser consecuencia de la instrucción, de los indicios que permiten su toma en consideración. Lamentablemente, su proceder es el contrario: una vez ha decidido la conveniencia de una acusación de terrorismo, García Castellón busca relato, cada vez más peregrino, para sostenerlo y lo adapta a medida que intuye dificultades para eludir la futura Ley de Amnistía. Esa voluntad de eludir la norma como leitmotiv de su instrucción desacredita la calidad de la misma. Se puede coincidir o rechazar políticamente el mecanismo legislativo de la amnistía, que aplica el Gobierno Sánchez para sujetar sus acuerdos de gobernabilidad y reconducir la crisis del procés, pero en tanto sea legal, legitimado por una mayoría parlamentaria y constitucional en su articulado, no debería ser obstruido preventivamente en sede judicial. El descrédito del Poder Judicial, su desgaste por el alineamiento político de miembros relevantes del colectivo, debería mover a una actuación en defensa de su integridad por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si no estuviera contaminado por el mismo mal de una justicia militante que esta semana amparaba con su silencio el grave ataque del vicesecretario del PP, Esteban González Pons, al Tribunal Constitucional.