La frase “En el primer párrafo, la palabra sesenta y dos se sustituye por la palabra sesenta y cuatro”, introducida a las cuatro de la madrugada del sábado por el presidente galo, Emmanuel Macron, en el Diario Oficial de la República Francesa, ha dado carta de naturaleza legal al aumento de la edad de jubilación en el país en la polémica reforma de las pensiones. El aval proporcionado pocas horas antes por el Consejo Constitucional francés a los principales pilares del cambio en la norma sobre pensiones planteada por el Gobierno sirvió a Macron para escenificar su contundente victoria política frente a la oposición y los sindicatos, que rechazan de plano tanto el texto en sí –en especial, el incremento de la edad de retiro de los 62 a los 64 años– como las formas “autoritarias” y “no democráticas” empleadas por el presidente galo. Tanto la falta de diálogo con los agentes sociales como la aprobación de la reforma mediante decreto ante la falta de apoyos para llevar adelante la norma en una votación en la Asamblea Nacional y la última iniciativa de Macron de promulgar oficialmente la reforma con nocturnidad son cuestiones que están teniendo un peligroso efecto deslegitimador en gran parte de la sociedad francesa, que está dando muestras de rechazo e indignación que en ocasiones ha derivado en estallidos de violencia. El respaldo jurídico otorgado por Constitucional al grueso del texto no cierra el debate de fondo, que es ideológico y sobre todo económico y sociológico. El retraso en la edad de jubilación es un caballo de batalla en cualquier reforma del sistema de pensiones, fuertemente tensionado en todos los países del entorno europeo, ya que en la actual situación social y laboral no se generan recursos para compensar el desequilibrio demográfico. Esta insostenibilidad del sistema es un hecho objetivo que hay que atajar cuanto antes, y lecturas parciales e ideológicas del problema no encaran la situación a medio y largo plazo, lo que supone una forma inconsciente de propiciar desigualdad. El Ejecutivo francés es consciente de lo impopular de sus medidas y de que la reforma va a seguir contando con una dura oposición, redoblada ante los desaires de Macron. Los sindicatos ya han mostrado su rechazo a la nueva oferta de diálogo y preparan una gran movilización social para el 1 de mayo, aunque sin visos de poder doblar el pulso al Gobierno.