stamos sumidos en una economía de guerra. Se trata de una guerra que nos afecta porque así lo demuestra la realidad. Es el resultado de algo más que la invasión de Ucrania por los rusos. Ese es el motivo por el que esta guerra es diferente. La inflación tanto global como local crece, y, a buen seguro, el crecimiento del PIB se reducirá.

Si antes de la guerra el coste de la electricidad ya estaba disparado, ahora ya resulta un serio problema para que muchas de nuestras empresas puedan competir. Además, la subida del precio de los carburantes ha supuesto la paralización de otros muchos sectores, algunos afectados por la huelga de los transportistas y otros, simplemente, porque ven que los costes son mayores que los beneficios.

Al respecto, los gobiernos prometen y pactan ayudas de todo tipo. Pero el verdadero problema es la dependencia que tenemos en materia energética. Cuando se hablaba de transición hacia una economía verde, con esta guerra se ha comprobado que si queremos mantener la competitividad de nuestras empresas y el bienestar de nuestra sociedad hace falta algo más que buenas palabras. Ya no solo se trata de producir energía, sino que de producirla a un precio razonable. Sin embargo, todavía no se cumple ni lo primero. Mientras tanto, tenemos que competir con países que cumplen ambas condiciones, sin que les importen el modo y las consecuencias de producir ciertas energías. La verdad, parece que tampoco nos importa que quienes nos facilitan el gas o el petróleo vulneren sistemáticamente los derechos humanos. Y ahora parece que tampoco nos va a importar cómo se obtiene el gas que se pretende nos suministre Estados Unidos. En suma, nuestra sociedad vive en la constante contradicción.

Pero esta guerra también está afectando a la oferta de cereales, a la importación de ciertas materias primas fundamentales para determinadas industrias como la automoción o la fabricación de maquinaria y electrodomésticos, y a la exportación de determinados productos, como son las prendas de vestir.

Todo ello está repercutiendo en nuestras empresas. No debemos olvidar que muchas de ellas todavía estaban enfrentándose a las consecuencias del covid-19.

El objetivo de las medidas laborales adoptadas durante la pandemia y con la reforma laboral de 2021 consiste en evitar los despidos. Es decir, se pretende mantener el empleo, pero, en realidad, se trata de un empleo aparente, porque se recurre al eufemismo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), cuando de lo que se trata es de una verdadera situación de desempleo parcial. Las consecuencias para el Sistema de Seguridad Social son de gran magnitud. Ahora no solo hay que tener en cuenta el coste de las prestaciones a abonar a quien se suspende el contrato de trabajo o se le reduce la jornada, sino que también la posibilidad que tienen los empresarios de obtener importantes exenciones en las cotizaciones. A cambio de dichas exenciones se establecen cláusulas de salvaguarda del empleo para que los empresarios mantengan durante seis meses los puestos de trabajo una vez que sus trabajadores salgan del ERTE. En verdad, se trata de una obligación cuyo cumplimiento depende de un suceso futuro e incierto. ¿O es que acaso un empresario que debía cumplir con dicha obligación en plena pandemia podía prever la guerra y sus consecuencias?

Así, los ERTE se convierten en una forma de ocultar la delicada situación de muchas empresas, la mayoría pymes, sin que se aborden las razones que la provocan. Es decir, no cierras o no despides porque no trabajas y te subvencionan.

Es más, esa delicada situación sitúa a muchas empresas a las puertas del concurso. Los ERTE pueden retrasar que se declare el concurso. Pero si no se abordan las razones de fondo puede que no sirvan.

De todos modos, hay un interés evidente del Gobierno central para que las empresas no entren en concurso, más si cabe teniendo en cuenta que, cuando lo hacen, la mayoría son liquidadas. En concreto, por el RD-ley 27/2021 se prorrogaron hasta el 30 de junio la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite por los juzgados de lo mercantil de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores.

No obstante, el principal problema es que con ello no se evitará que se produzcan los concursos y las liquidaciones. Se trata simplemente de demorar ese momento.

Lo realmente efectivo para evitar llegar al concurso hubiera sido aprobar una nueva ley concursal que, en la línea marcada por la Directiva 2019/1023, contemplara medias preconcursales para evitar que se llegue al concurso, y posibilitar así la reestructuración preventiva.

Pero, de momento, nadie quiere hablar de crisis, se niega la mayor, y la única medida para hacer frente a la economía de guerra son nuevamente los ERTE.

El Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco ha dado luz verde a los ERTE por fuerza mayor, a pesar de que resulte discutible que, por ejemplo, las consecuencias de una huelga puedan encajar con el concepto de fuerza mayor, pues para apreciar la existencia de esta es esencial la producción de un acontecimiento normalmente insólito y, por eso no razonablemente previsible, de origen externo a la organización empresarial, de excepcional gravedad e inevitabilidad.

Claro está, las ventajas de esta modalidad de ERTE frente a los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción son evidentes. Principalmente, se evita tener que llevar a cabo un período de consultas con los representantes de los trabajadores y la tramitación es, por ello, mucho más sencilla y rápida.

Sin embargo, cabe preguntarse por qué no se ha activado el Mecanismo Red de flexibilidad y estabilización del empleo regulado como novedoso en la reforma laboral de 2021. Tal vez se trate de no reconocer que nos encontramos ante una coyuntura macroeconómica general preocupante. Ciertamente, la activación de la modalidad cíclica daría lugar a un tipo de ERTE específico de mayor cobertura y mayores garantías, pero también supondría un mayor coste en prestaciones, al contemplarse para los trabajadores afectados, incluso para los que no hayan cotizado, una prestación especial.

El gran reto pasa por crear las condiciones adecuadas y ajustadas a la realidad para que nuestras empresas puedan crear y mantener empleo efectivo y digno. * Profesor de Derecho laboral de la Universidad de Deusto