n juez ha dictado un auto por el que se inscriba en el Registro Civil a un bebé de 19 meses pese a que nació en Argelia mientras su madre migraba hacia España. Es la primera vez que un juez reconoce el derecho a una identidad oficial a una menor de edad migrante que no había nacido en su país de origen ni en el de llegada, sino en el tránsito migratorio. Esta bendita novedad ha ocurrido gracias al juez Francisco José Ortega, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montilla, en Córdoba.
La odisea de la madre embarazada y padre desconocido comenzó en Camerún hasta llegar a Argelia, desde donde cruzó el Mediterráneo en patera hasta Almería y de ahí a Montilla. Su bebé nació en Orán (Argelia), pero allí no fue inscrita pese a haber firmado Argelia su adhesión a la Convención de los Derechos de los Niños el 16 de abril de 1993. Desde la óptica de los derechos humanos, nos encontramos a una niña que para el Derecho no existe al no tener el marco legal de un Estado-nación. Hasta esta sentencia, sin estar registrada en el lugar de nacimiento ni tampoco en el país de destino, a la niña no le sería reconocida su personalidad jurídica ni, por ende, ser sujeto de los derechos más elementales.
Una resolución como esta del juez Ortega es de pura justicia que recuerda a la valiente filósofa alemana Hannah Arendt y su tesis del “derecho a tener derechos” frente a la concepción de personas sin Estado, por tanto sin derechos humanos. Ella lo defendió con uñas y dientes para los judíos -ella era judía- y los gitanos considerados apátridas ante Estados como el incipiente Tercer Reich (1933), sin obligaciones jurídicas humanitarias; al albur del nazismo. Sin identidad nadie existe legalmente ni tampoco este bebé que sin este auto judicial se hubiera quedado en una situación extrema con tan pocos meses y en tan lamentables condiciones.
Es la primera vez que un juez del Registro Civil, amparándose en el Derecho Internacional, decide inscribir a los niños en tránsito. La inscripción en el Registro Civil está contemplada en los primeros 10 días de vida de los bebés nacidos en España, pero la Ley de Registro Civil que entró en vigor el pasado mes de abril no contempla los casos de menores migrantes en tránsito. Sin embargo, el auto subraya que la niña “tiene derecho a ser registrada de inmediato” gracias al Convenio Europeo de Derechos Humanos que hasta ahora no se entendía de aplicación.
Estamos ante un gran ejemplo de sensibilidad y justicia elemental humana al retorcer la ley en beneficio de los que necesitan con urgencia que sus derechos humanos básicos se hagan efectivos ante su grave precariedad. Leo que ahora mismo existe un caso similar de una menor residente en Donostia con la solicitud en el Registro Civil denegada mientras se está a la espera de que se resuelva judicialmente la demanda presentada para lograr la nacionalidad.
El auto deja claro que nadie puede ampararse en el incumplimiento previo del Estado que tenía obligación de registrar su nacimiento y los datos de identidad correspondientes (Argelia) ya que, “ante la petición de reconocimiento de un derecho humano de quien se halla en su territorio, no hay norma que contemple una excepción de tal naturaleza al haber asumido el Estado esta responsabilidad como parte firmante de una serie de convenios internacionales aludidos en el auto. O dicho más claramente, España está obligada, en estos casos, a reconocer legalmente a la menor sin mirar a lo que hizo Argelia. Esperemos que no se ejercite el derecho al recurso que legalmente cabe interponer contra este auto ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
El tema tiene hondo calado: en los campos de concentración nazis y estalinistas a los prisioneros se les arrebataba el nombre en un ejercicio de violencia extrema: castigar a un niño sin darle nombre constituiría una maldición, una ignominia que agravaba su ya de por sí trágica realidad.
Esta decisión judicial seguro que abrirá un camino para nuevas solicitudes y que en adelante, la resolución positiva sea más sencilla. Me acuerdo mientas escribo estas líneas de tantas personas migrantes sin papeles o de algunos requisitos necesarios para su plena incorporación ciudadana en derechos y deberes. Su precaria situación socialmente incomprendida, tantas veces, lo saben bien las muchas organizaciones solidarias, como Cáritas o Contra el Cáncer (AECC), que trabajan por sus derechos en silencio, lidiando con legislaciones estatales que obvian parte de la realidad.
