a foralidad ha recorrido el espacio político-social vasco durante los dos últimos siglos, transitando como reivindicación-fuerza en las guerras carlistas e infinidad de conflictos institucionales vasco-españoles, marcando con carácter de consustancialidad hechos identitarios y conformando la esencia de algunas culturas políticas.
Entre 1893-1894, tuvo lugar en Navarra el movimiento reivindicativo conocido como Gamazada de oposición a las medidas de los gobiernos liberales de recorte de la soberanía fiscal del Viejo Reyno a través de la introducción de impuestos generalistas para todos los territorios adscritos a España.
Para Ángel García-Sanz y Fernando Mikelarena, este movimiento popular que aunó diferentes sensibilidades políticas y en el que solidariamente participó Sabino Arana en Castejón, tuvo un enorme impacto en la consolidación social del hecho diferencial foral y “representa la emergencia de la comunidad imaginada navarra frente a un enemigo externo”.
En las postrimerías del siglo XIX, en el contexto de la llamada crisis del 98, que provocó la pérdida de las colonias españolas (Cuba y Filipinas), nació el nacionalismo vasco, conceptuando los fueros en clave de soberanía originaria y no, como entendía el tradicionalismo carlista, como régimen histórico singular “fundamento de la unidad de España”.
En 1908, el Manifiesto-Programa aprobado por el PNV en Elgoibar, a modo de pacto interno entre sus sectores independentistas y autonomistas, concretó sus aspiraciones políticas en la derogación de la Ley del 25 de octubre de 1839, que si bien confirmaba los fueros vascos, introducía la perniciosa fórmula de “sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía”. Para los jeltzales, la situación anterior a dicha nueva ley suponía un marco jurídico-político soberano.
En 1918, en pleno auge del “movimiento autonomista” vasco, el Ayuntamiento de Pamplona aprobó por unanimidad, a iniciativa de los concejales abertzales, un texto en favor de la plena reintegración foral, texto éste al que se sumaron otros 244 de los 269 municipios navarros. En 1921, el nacionalismo vasco en Navarra se coaligó con el carlismo jaimista de Joaquín Baleztena constituyendo la coalición Alianza Foral, que propugnaba la reintegración foral plena y el estrechar relaciones “con las provincias vascas hermanas”.
Durante la II República española, el verano de 1934, en el contexto de una deficiente institucionalización en los territorios vascos -unas nada representativas Comisiones Gestoras integradas por personas afines al gubernamental Partido Radical sustituían a las legítimas Diputaciones Forales- alumbró un movimiento municipalista como consecuencia directa de un tema estrictamente económico, siendo el socialista Santiago Aznar (futuro consejero de Industria del primer Gobierno vasco) uno de sus impulsores.
Los integrantes de este movimiento se oponían a las estipulaciones del conocido como Estatuto del Vino que atentaba contra el régimen de los Conciertos Económicos (residuo foral), que determinaba que “las disposiciones del Gobierno español y del Parlamento en materia tributaria habían de detenerse en las fronteras del País Vasco”. Ante lo infructuoso del viaje a Madrid por parte de la representación vasca para solucionar la cuestión, PSOE, Izquierda Republicana y PNV desarrollaron el movimiento municipalista en apoyo al Concierto Económico convocando una Asamblea de Municipios Vascos en Bilbao el 5 de julio.
Esta magna reunión solicitó por unanimidad al presidente del Gobierno, el radical Ricardo Samper, la convocatoria de elecciones en todos los territorios vascos “con el fin de que sean defendidos los intereses privativos de estas provincias por auténticos representantes populares”.
Ante la falta de respuesta gubernativa, el movimiento de alcaldes continuó adelante y convocó elecciones el 12 de agosto para la elección de la comisión en defensa del Concierto Económico. Ante esta convocatoria, el Gobierno dictó una circular declarando “ilegal y de carácter clandestino” la cita. Pese a todo, la jornada electoral se celebró, adoptando el Gobierno múltiples medidas represivas que incluyeron la detención de setenta primeros ediles. Durante aquellos hechos, el entonces diputado jeltzale y posteriormente dirigente de Herri Batasuna Telesforo Monzón tuvo una actuación destacada en la localidad de Oiartzun obligando a la Guardia Civil a que bajaran las armas después de que hubieran dado orden de disparar contra el vecindario.
A pesar de la represión, las elecciones pudieron llevarse a cabo en muchas localidades controladas por el PNV y formaciones de izquierda. Los comisionados electos convocaron para el 2 de septiembre una Asamblea en Zumarraga, presidida por el socialista Indalecio Prieto, a fin de defender “la intangibilidad del Concierto Económico”. Como protesta antirrepresiva, la mayoría de alcaldes y concejales nacionalistas y de izquierdas abandonaron sus cargos dejando los consistorios “en manos de comisiones gestoras nombradas directamente por el Gobierno español”.
Como se puede apreciar, la foralidad no es ajena a ninguna sensibilidad política vasca y a ningún tiempo histórico contemporáneo. Por ello, las críticas recibidas por el lehendakari cuando abogó por implementar una fórmula de Concierto Político sustentada en la Disposición Adicional Única del Estatuto de Gernika (el gran pacto interno de vascas y vascos) y las distintas disposiciones de la Constitución de 1978, denotan una elevada dosis de frivolidad, trufada de mala intencionalidad, absolutamente contraproducente para un nuevo acuerdo convivencial y político en Euskadi.
Algunas críticas provenientes del mundo historiográfico han tratado de ridiculizar la referencia de Iñigo Urkullu a la fecha de 1839, argumentando que no se puede volver a un período en el que había “siervos y señores”. Olvidan quienes recurren a estos reduccionismos que de lo que se trata es de avanzar en autogobierno desde la actualización de derechos históricos amparados por ley vigente. Olvidan quienes han optado por estos simplismos que ellos han estado gobernando y disponiendo de presupuestos provenientes, en buena parte, de la aplicación de un Concierto Económico de raíz foral, cuyos inicios se remontan al siglo XIX. Nada nuevo desde una historiografía cuyo leitmotiv es el ataque al nacionalismo vasco.
Pero lo verdaderamente preocupante es la ligereza con la que desde diversos partidos se ha acogido la propuesta de “autogobierno necesario” del lehendakari basado en principios tan actuales como el de la bilateralidad. La izquierda abertzale, lejos de otorgar un margen de confianza, ha optado por lo que mejor sabe hacer: elevar el tono del diapasón y reclamar un Estado vasco sin especificar ni cómo, ni cuándo ni con quién; una retórica maximalista que recuerda mucho a aquella mítica frase de Amnistia ez da negoziatzen.
El PSE por su parte, ha despachado el discurso del lehendakari con la frase de que “nosotros preferimos un proyecto del siglo XXI”. Y en este caso, lo que resulta más preocupante, es que a la ligereza política ha unido el señor Andueza la deslealtad institucional manifiesta, al faltar al respeto y a la fidelidad de quien es su jefe de gobierno y socio de ejecutivo, nada menos que en el pleno parlamentario más solemne del año.
La política vasca necesita más reflexión y rigor y menos “brocha gorda” y “numantinismo” político estéril. La sociedad vasca, que apuesta por incrementar su autogobierno, así lo reclama.* Doctor en Historia
