as instituciones comunitarias ya han aprobado los primeros Planes estatales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que es la principal herramienta del programa Next Generation EU. Entre ellos, el presentado por el Gobierno español.
La UE ha tardado algo más de un año en dar luz verde al inicio de la implementación del elemento más importante de su estrategia para, haciendo frente a la crisis de la covid, impulsar la transformación de la economía europea del presente y del futuro en los parámetros digital, ecológico, inclusivo y resiliente. En el transcurso de estos más de doce meses, se han sucedido resoluciones decisivas del Parlamento Europeo, iniciativas de diferentes Estados, donde destaca la del motor franco-alemán, y la propuesta formal de la Comisión Europea y su aprobación por parte del Consejo Europeo, en aquella laboriosa cumbre del 17 al 21 de julio del año pasado. Se alumbró un gran acuerdo europeo. La mayor movilización de recursos en la historia reciente de nuestro continente. Un acuerdo con trascendencia histórica en los planos político, institucional, presupuestario y económico, y que otorga al proyecto europeo un balón de oxígeno de credibilidad, consistencia y futuro, para intentar superar trece largos años de incesantes crisis.
Posteriormente a dicho acuerdo troncal de julio de 2020, ha sido necesario, entre otras cosas, aprobar las perspectivas presupuestarias de la UE -el llamado Marco Financiero Plurianual 2021-27, donde se ha integrado el programa Next Generation UE-, con sus correspondientes capítulos de gastos e ingresos. Estos dos capítulos tienen una naturaleza jurídica distinta. Por eso, los ingresos -los llamados recursos propios- han tenido que ser ratificados por todos y cada uno de los veintisiete Estados miembros, con las complejidades políticas internas de cada cual, a lo que cabría añadir que, esta vez y por primera vez, la UE ha decidido endeudarse conjuntamente, lo que tiene una trascendencia histórica, política y económica indudable.
Paralelamente a todo esto, la UE aprobó para el mes de febrero el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que estableció el marco de elaboración e implementación de los Planes de Recuperación y Resiliencia de cada Estado. El Consejo Ecofin ya ha aprobado una primera tanda de Planes y la Comisión Europea ya ha adquirido los primeros títulos de endeudamiento en el mercado de capitales por valor de 35 millones de euros al objeto de comenzar a prefinanciar y financiar dichos Planes.
Algunos pueden poner el acento en la tardanza de la UE en implementar sus acuerdos -un año- y que economías como la norteamericana o la china han sido mucho más rápidas en aplicar medidas también mucho más cuantiosas y que, en consecuencia, nos llevan varios meses de ventaja -casi un año- en el ritmo de recuperación y de preparación para el futuro. Es cierto. Sin embargo, teniendo en cuenta el complejo y muy exigente esquema del proceso de toma de decisiones de la UE creo que nos podemos dar por satisfechos. Y no olvidemos que, en el plano económico, además del Next Generation EU, la Unión ya adoptó diversas medidas mediante su Plan de Red Seguridad dotado con 540 mil millones de euros, que ha permitido, entre otras cosas, poner en marcha el programa SURE -con el que se han financiado los ertes-, y todo ello sin olvidar la decidida y acertada actuación del BCE en el sostenimiento de las primas de riesgo, que ha facilitado a los gobiernos financiarse sin grandes costes de manera extraordinaria y la actuación de todas las administraciones europeas -incluidas las vascas- para articular variados y numerosos programas de choque al objeto de hacer frente a la súbita crisis sanitaria y económica provocada por la covid.
A pesar de todo, queda el reto más difícil y el de mayor envergadura: ser capaces de absorber y de utilizar de manera adecuada, coherente, eficaz y eficiente la financiación comunitaria para proceder a una verdadera transformación de la economía y de la sociedad con vistas a dejar a la próxima generación unas condiciones de base que les permita, junto con su imprescindible esfuerzo personal y colectivo -algo que se olvida con frecuencia en las sociedades desarrolladas-, encarar su futuro digital, ecológico y social con más capacidad resiliente. De nada sirve seguir haciendo lo mismo. La visión debe ser de largo alcance y las inversiones, inteligentes.
El Gobierno español, el gran beneficiario de los Fondos Europeos, ha asumido una enorme responsabilidad propia y europea respecto a la iniciativa Next Generation UE. Para demostrarlo, basta con tener bien presente el tenor de los debates y de las discusiones del referido Consejo Europeo de julio del año pasado. De la manera como el Gobierno español haga uso de los Fondos, así como de la implementación de las reformas -no hay Fondos si no hay reformas-, dependerá de la recepción a partir de 2027 de más apoyo financiero comunitario e, incluso, del recurso a nuevos endeudamientos mancomunados, por lo que esta ocasión de antoja como histórica.
Sin embargo, eso no significa que carezca de sensibles debilidades, que pueden comprometer el correcto uso de los Fondos.
Por ejemplo, el Gobierno español no ha hecho partícipes a las Comunidades Autónomas en el diseño y en la concepción del Plan, cuando éstas serán las responsables de ejecutar en torno a un 50% de los recursos totales, dado que son las competentes en muchas áreas concernidas por los Fondos Europeos. En Bruselas, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo -competentes en aprobar aspectos legislativos y presupuestarios de los Fondos- han dialogado, negociado y acordado. La propia Comisión Europea y su Grupo de Trabajo sobre los Fondos -compuesto por cerca de 300 funcionarios- ha negociado con el Gobierno español hasta la última coma de su Plan, antes de su presentación oficial. Sin embargo, desgraciadamente, el Ejecutivo de Sanchez se ha limitado a “oír” a las CCAA “en la fase preliminar de la elaboración” de los componentes de su Plan. Ha ejercido una gobernanza centralizada y vertical, desvirtuando e interpretando erróneamente, una vez más, el concepto de la cogobernanza y el respeto al marco competencial, así como a las realidades económicas, industriales, tecnológicas, medioambientales y sociales de cada una de ellas. Hay dinero que corre el riesgo de no utilizarse.
Asimismo, el Plan parece que peca en dar preeminencia a la recuperación en detrimento de su capacidad transformadora del tejido productivo, que es el verdadero objetivo del MRR. Se hace mucho hincapié en la necesidad de recuperar a la mayor brevedad posible los niveles de PIB previos a la pandemia cuando, curiosamente, la recuperación económica ya se está dando en buena parte sin haber utilizado aún ni un sólo euro de los Fondos Europeos. Con el planteamiento del Plan español se puede acelerar la recuperación, pero ello acarrea el peligro de hacerse en detrimento de la transformación.
En esta línea, poner el acento en la transformación de la economía productiva exige dar más peso a la ciencia, a la tecnología, a la formación de las personas y a la industria. En relación a este último ámbito, en todo el mundo se está reconociendo y recuperando a la industria, que juega un papel decisivo en la competitividad, el bienestar y la prosperidad de los territorios, como bien sabemos en Euskadi. La industria es la piedra angular para afrontar la nueva revolución digital, verde e inclusiva que ya estamos viviendo. Y, sin embargo, el Plan español le otorga un papel menor. Por no hablar de la indefinición del Ejecutivo estatal acerca de los PERTE y si van a tener cabida PERTE subestatales, como los previstos en el Plan Vasco de los Fondos, que son proyectos estratégicos y transformadores.
En Euskadi, con el liderazgo del Gobierno Vasco, tenemos los deberes hechos. Todo el ecosistema institucional, económico, industrial, tecnológico y social ha contribuido a elaborar un Plan Estratégico Nacional Vasco serio, cabal, autoexigente y ambicioso con vistas a las próximas generaciones de vascos. El Gobierno español debe tenerlo en cuenta y rectificar o ajustar lo que tenga que ajustar. Por el bien de todos. Por el bien de vascos y europeos.
* Senador EAJ/PNV