a sucesión de crisis en este siglo, la económica de la primera década y la sociosanitaria que estamos viviendo ahora y que también tiene su impacto en la economía, ha supuesto un freno en las capacidades de inversión en I+D que no puede persistir. Cada vez más países han tomado conciencia de ello y elevan los recursos destinados a la innovación y la tecnología.

La gestión de la Gran Recesión de 2009 y la crisis posterior en Europa fue la peor de todas las regiones desarrolladas del mundo. Por el retraso en adoptar medidas esenciales como la inyección de dinero en la economía o por las dificultades de gestionar un continente asimétrico con una moneda común que refuerza los desequilibrios internos sin mecanismos de compensación fiscal o por aplicar como medida estrella la deflación salarial antes y después de la crisis y la deflación fiscal durante la propia crisis. Pero también porque para intentar contener la contestación social, se priorizaron los recortes en la inversión pública en un volumen impresionante: si en 2009 la inversión pública en la eurozona se elevaba a 335 mil millones de euros, fue cayendo año a año hasta los 275 mil millones en 2016. En 2019 todavía era inferior en 11 mil millones a la inversión de 2009, o en 30 mil millones en euros constantes de 2015.

El impacto en las infraestructuras ha sido devastador. Con una caída muy superior a la de la inversión privada, el deterioro del capital fijo público se encuentra en la raíz en la acelerada pérdida de competitividad de las empresas europeas frente a las norteamericanas o asiáticas (coreanas, japonesas o chinas). Las infraestructuras de transporte, las inversiones educativas y en equipo sanitario, las inversiones para combatir las emergencias climáticas, las inversiones en material militar, en redes energéticas y digitales… en todos estos campos, y en muchos otros, en sus correspondientes sectores empresariales, las empresas europeas se muestran faltas de fuelle y estructuralmente menos dinámicas e innovadoras que las asiáticas o norteamericanas.

Este dramático recorte de la inversión que es uno de los principales factores que más está lastrando en Europa el relanzamiento productivo y la transformación requerida por la nueva fase de la revolución industrial (el conocimiento como fuerza productiva, de la economía de la materia inerte a la bioeconomía, la IA, la autogeneración energética, el reciclaje total…) que incluye también nuevas dinámicas sociales que son desafíos fiscales, pero también de conocimiento e innovación (la economía de los cuidados, las formas de representación, la información instantánea, la incorporación de la democracia directa a la democracia representativa…).

Un campo especialmente sensible es, por tanto, la inversión pública en generación de nuevo conocimiento, la inversión en I+D. Y aquí se ha establecido una diferencia radical entre unos países europeos y otros. Algunos han aplicado a la inversión en I+D la misma terapia de recortes que al resto de la inversión: España, Irlanda, Portugal, Luxemburgo, Islandia han recortado la investigación y el desarrollo económico. También entre los países con mayor tradición investigadora han reducido la inversión, Suecia ligeramente, pero Finlandia bajó del 3% de inversión en I+D en 2015 (los teléfonos Ericsson o Nokia no han cedido su mercado a los Samsung, Huawei, o Xiaomi por casualidad).

Otros países, habiendo reducido la inversión, han hecho un esfuerzo por mantener la dedicada a la I+D (Francia, Reino Unido…) y otros no han dejado de incrementar su inversión en estos asuntos. Liderados por Alemania, que desde 2017 supera el 3% del PIB dedicado a la I+D, otros países como Austria (3% en 2014), Dinamarca (logró el 3% en 2009 y lo recuperó en 2015), Bélgica (pasó del 2% en 2009 al 2,7% en 2019), Holanda (superó el 2% en 2016) o Chequia (en 2009 estaba una décima por detrás de España, y ahora supera a este país en más de medio punto del PIB su inversión en I+D).

Parece que Alemania y sus países fronterizos siguen una dinámica productiva de creciente integración basada en el progreso tecnológico, que deja relativamente al margen al resto de la Unión Europea, en una estrategia liderada por las empresas del motor económico europeo.

Euskadi no forma parte de ese “núcleo duro” de la productividad europea, y no es de extrañar que la evolución de la inversión en I+D se haya resentido tanto como el resto de la inversión, si no más. Durante los años 2010-2013 aparentemente el gasto en I+D superaba la barrera del 2% del PIB, pero ello era debido al espejismo de la crisis: en cuanto el crecimiento económico tomó aliento, el peso de la I+D vasca volvió a estar por debajo de la cifra mágica que hay que recordar, era el objetivo planteado para el conjunto de la UE para el año 2020: 2% del PIB dedicado a investigación. En 2019 la administración vasca dedicaba 12 millones de euros menos que en el año de la Gran Recesión, o 26 millones menos que en 2011, en plena crisis económica.

Aparentemente, una de las fortalezas de la I+D vasca está en el sector empresarial. Pero el esfuerzo innovador también parece haber perdido fuelle; si en la primera década del siglo XXI las empresas vascas aumentaron el empleo de investigadores en más de 4.000 puestos de trabajo a tiempo completo, en la década que acaba de terminar no se ha llegado ni a los 1.500 nuevos investigadores a tiempo completo contratados.

El problema se agudiza porque la contratación de personal técnico y auxiliar, que crecía a un ritmo de 120 técnicos y 13 auxiliares de investigación al año durante la primera década del siglo, en la segunda, entre 2011 y 2019, se ha reducido la cantidad de puestos de trabajo de técnicos de I+D en las empresas en más de 500, y la auxiliares en más de 150. De modo que el modesto incremento de puestos de investigadores en algo menos de 150 empleos anuales, que aparentemente ha dado un vuelco a la estructura laboral de la I+D empresarial (a principios de siglo, menos de la mitad del personal de I+D contratado por las empresas eran investigadores, frente a los técnicos y personal auxiliar, que eran mayoría; hoy, dos tercios de todo el personal de I+D en las empresas son investigadores) responde a la degradación del mercado de trabajo, de modo que por el precio que antes se pagaba por un técnico y un auxiliar, hoy se pueden contratar dos investigadores… para realizar tareas técnicas y auxiliares.

En Euskadi, como se ve, se ha seguido la estrategia de media Europa de incorporar la inversión en I+D a la reducción generalizada de la inversión tanto pública como privada. Que a diferencia del resto de España más que de recortes se deba hablar de freno, no es consuelo para nada. Lejos quedan los años en que la financiación de la UPV/EHU era la envidia en el resto de universidades públicas, cuando por ejemplo la vecina Universidad de Cantabria tiene hoy mejores ratios de financiación que la universidad vasca (de nuevo, no es por casualidad la mejora en los rankings universitarios de la UC).

Para poder participar en posiciones avanzadas en la nueva jerarquía territorial de los sistemas productivos, el sistema vasco de investigación e innovación requiere cambios estructurales, que no se podrán acometer sin la financiación adecuada. La solución está en fijarse en la otra media Europa. En 2019 el País Vasco gastó unos 670 euros por habitante en I+D: 365 euros procedentes de las empresas, 230 procedentes de las administraciones públicas, 60 de programas internacionales, 20 de la universidad, 5 de fundaciones privadas. Al menos habría que duplicar esas cifras, en particular la inversión empresarial y de las administraciones, para poder garantizar que Euskadi pueda mantener su espacio productivo, industrial y tecnológico. El 2% ya no es un objetivo, solo el 3% puede aportar alguna perspectiva de futuro.