a epidemia del coronavirus iniciada en China, antes de extenderse al conjunto del planeta convirtiéndose en pandemia, ha provocado una triple crisis: sanitaria, socioeconómica y política. Más allá de la necesidad de anticipar y priorizar la acción de las administraciones públicas internacionales, europeas, estatales y regionales, ante la rapidez de su propagación y la magnitud de sus consecuencias, esta crisis pone de manifiesto la imperiosa necesidad de tener une visión integral que no caiga en simplificaciones. De hecho, tanto la propia crisis del coronavirus como sus efectos y las medidas que exigen por parte de los poderes públicos son sumamente complejos y están estrechamente entrelazados.
En primer lugar, el coronavirus ha provocado una crisis sanitaria planetaria de grandes dimensiones tanto por el número de personas contagiadas como por la cantidad de fallecidos. Esta situación, además de provocar un riesgo de colapso de los servicios de reanimación y el contagio de numerosos profesionales del sistema sanitario, ha llevado los hospitales a reorganizarse, aumentando el número de camas en los servicios de reanimación, cancelando intervenciones y consultas no urgentes y movilizando el personal sanitario en la lucha contra el coronavirus. El problema es que, como consecuencia de ello, los pacientes que sufren otras patologías han sido descuidados, de modo que, lo que se ha ganado en la atención de personas afectadas por este virus, se ha perdido en la atención de pacientes crónicos que sufren cáncer, diabetes o hipertensión, así como aquellos que padecen enfermedades repentinas como infartos o ictus. Cada vez más sanitarios muestran su preocupación ante la desatención o la atención tardía de estos pacientes, bien porque los servicios de urgencias están saturados, bien porque se han retrasado consultas y pruebas médicas, bien porque las personas que sufren estas dolencias tardan en acudir a urgencias, lo que incrementa el riesgo de fallecimiento o, al menos, de padecer secuelas irreversibles.
En segundo lugar, las medidas que se han tomado para limitar la expansión del coronavirus y, especialmente, aquellas que imponen el confinamiento en los hogares e interrumpen las actividades económicas no esenciales, tienen consecuencias socioeconómicas considerables. En el Estado español, el número de empleos destruidos asciende a 834.000 y el paro sube considerablemente en el mes de marzo. La pérdida de empleo es superior aún en Estados Unidos donde, en dos semanas, 10 millones de personas han perdido su trabajo. Esta destrucción masiva de empleo traduce un retroceso brutal de la actividad económica que sumergirá la mayoría de las economías en la recesión. En Francia, el INSEE calcula que cada mes de confinamiento provocará un retroceso del 3% del PIB anual. Pero los efectos del confinamiento conciernen igualmente otras dimensiones sociales cuyo alcance se vislumbrará en los meses venideros, tales como el aumento de la violencia machista en los hogares, el incremento de los malos tratos infligidos a los niños de la mano de sus progenitores, el auge de los divorcios y de las separaciones...
En tercer lugar, el coronavirus ha llevado los gobiernos a tomar decisiones, equivalentes al de estado de alarma o estado de emergencia, que se traducen por una concentración del poder, una centralización de la toma de decisiones, una diminución del control del parlamento o una limitación de libertades individuales y colectivas, como pueden ser las libertades de circulación y de reunión. En el Estado español, la instauración del estado de alarma ha sido utilizada por el Gobierno de Sánchez para proceder a una recentralización en nombre de la supuesta eficacia del mando único. Además de hacer depender a Osakidetza y la a Ertzaintza de los ministerios de Sanidad e Interior, ha enviado el ejército español a aeropuertos y estaciones de tren vascos para proceder a tareas de desinfección, ha decretado la prohibición de las actividades económicas no-esenciales y ha decidido afectar el presupuesto previsto para las políticas activas de empleo a la ayuda directa a los autónomos y pymes. De la misma forma, el gobierno central se ha extralimitado en su aplicación del estado de alarma tomando medidas que solo están contempladas en caso de estado de emergencia.
En otros términos, la crisis del coronavirus y la respuesta dada por las administraciones públicas revelan la complejidad de la situación y su carácter multidimensional. Más allá de su aspecto evolutivo y poco previsible, lo que dificulta cualquier anticipación y planificación, no se ha producido una reflexión global, incorporando las aportaciones de los actores y especialistas de los ámbitos sanitarios, socioeconómicos y políticos. Esto ha provocado cierta improvisación, una propensión a privilegiar una dimensión en detrimento de las demás, y una tendencia a reducir el control político y el debate público sobre esta cuestión. De hecho, las administraciones públicas españolas han dado la impresión de ir constantemente por detrás de los acontecimientos, careciendo de una estrategia a medio plazo; han centrado su discurso en la priorización del ámbito sanitario frente al ámbito socioeconómico, como si fueran necesariamente contradictorios; han hecho un llamamiento constante a la unidad para tomar medidas recentralizadoras y marginar toda opción alternativa y han dificultado la expresión de cualquier crítica pública a propósito de la política llevada a cabo a través de una comunicación constante, fuente de confusión y de incoherencia.
El paso de varias semanas desde el inicio de la crisis del coronavirus y el análisis comparativo de las políticas llevadas a cabo por las distintas administraciones públicas a nivel mundial nos permiten tener una visión más integral de las políticas sanitarias, socioeconómicas y políticas que surten efectos positivos o, al menos, originan menos efectos perversos. Así, el uso generalizado de las mascarillas, primero por el personal sanitario y luego por el conjunto de la población; la generalización de los test para detectar las personas contagiadas por el coronavirus para aislarlas; la práctica del distanciamiento físico; o la dotación de suficientes camas y aparatos de reanimación han mostrado su eficacia. De la misma forma, la práctica de los ERTE; el apoyo directo a los autónomos y a las empresas, especialmente las pequeñas, vía avales, líneas de crédito, retrasos en el pago de impuestos y de cotizaciones sociales; la emisión de bonos y su compra por el Banco Central Europeo; la activación del Mecanismo Europeo de Estabilidad o del Banco Europeo de Inversiones son susceptible de evitar un derrumbe socioeconómico.
En definitiva, solamente un enfoque integral de la crisis del coronavirus permitirá afrontarla con un mínimo de garantías.
El autor es profesor de Sociología de la Universidad del País Vasco
