Tal y como se había anunciado, el Consejo de Ministros acordó en su reunión de ayer la retirada del recurso que había presentado ante el Tribunal Constitucional el anterior Gobierno presidido por Mariano Rajoy contra la Ley vasca de Víctimas de Abusos Policiales aprobada hace dos años por el Parlamento Vasco. La decisión es fruto del acuerdo alcanzado la pasada semana en el seno de la comisión técnica bilateral de cooperación formada por representantes del Gobierno Vasco y del español. Este pacto comprometía a ambas partes. Al Ejecutivo de Iñigo Urkullu, a realizar algunas modificaciones en la ley que no afectan a su esencia con el objetivo -en palabras del portavoz, Josu Erkoreka- de “salvar” la norma. Al de Pedro Sánchez, por su parte, a retirar el recurso de inconstitucionalidad que amenazaba seriamente la integridad de la ley y, con ello, la posibilidad de reconocimiento y reparación de las víctimas de estas graves vulneraciones de derechos humanos. Se trata, en puridad, de un ejercicio modélico del principio de bilateralidad, basado en la búsqueda del bien común bajo los parámetros de la responsabilidad institucional. Este acuerdo y sus consecuencias ponen de manifiesto que la voluntad política -y no supuestos impedimentos legales o constitucionales- es el principio básico sobre el que descansan las actuaciones encaminadas a la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas. Voluntad política que le faltó al Gobierno de Rajoy a la hora de encarar estas cuestiones, que, al igual que todo lo que tiene que ver con la memoria histórica, siguen produciendo una enorme incomodidad en el PP por razones que no por obvias dejan de ser sumamente relevantes. Porque la cuestión clave que motivó el recurso al TC estribaba en que la ley vasca pretendía sustituir a los tribunales de Justicia a la hora de definir quién es o no víctima y de establecer responsabilidades sobre los autores de estos delitos, algo que la norma ni pretendía ni buscaba ni mucho menos fijaba. La reciente sentencia del TC que anula gran parte de la ley foral navarra de abusos policiales -y que contó con los votos particulares de cuatro magistrados- muestra que el recorrido de un recurso podría, de facto, dejar sin efecto el reconocimiento a estas víctimas. Por ello, el Gobierno vasco ya ha iniciado los contactos para aprobar cuanto antes la reforma de una ley reparadora y justa y que cada día se demuestra más necesaria.
