la sentencia del caso Altsasu, curiosamente hecha pública ayer coincidiendo con el momento en que el foco informativo estaba en el desalojo de Rajoy de Moncloa, da continuidad al atropello judicial que sufren los nueve encausados por estos hechos. Es verdad que la Audiencia Nacional reconoce por fin que lo sucedido la madrugada del 16 de octubre de 2016 no fue terrorismo, pero observa un gran variedad de delitos -atentado a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, con los agravantes de abuso por ir en grupo y discriminación- e impone por cada uno de ellos las penas más graves previstas en el Código Penal. Además, el fallo revela que el procedimiento tendría que haberse juzgado en Navarra, como así lo reclamó en su día la Audiencia Provincial, pero el conflicto competencial suscitado lo resolvió el Tribunal Supremo en favor de que la instrucción recayera en la Audiencia Nacional, donde son numerosos los antecedentes que demuestran que no se trata precisamente de un tribunal garantista, sino al contrario. Prueba palmaria es el propio fallo conocido ahora, que ordena una privación de libertad de entre 9 y 13 años para siete de los acusados y de 2 años para la única mujer acusada. Pese a que unos hechos no guardan ninguna relación con los otros y en consecuencia las previsiones del Código Penal al respecto son radicalmente distintas, el resultado es que la condena es incluso más elevada que la impuesta a los miembros de la Manada o la que recibió el asesino de Nagore Laffage. Huelga decir que la sentencia, pese a estar muy lejos de los 62 años de cárcel que pedía la Fiscalía, ha sido recibida con indignación por la mayoría de la sociedad navarra que, desde que se puso en marcha la instrucción, ha salido en numerosas ocasiones a la calle -más de 50.000 personas lo hicieron en Pamplona- para reclamar justicia. Lo va a volver a hacer a partir de ahora, mientras las defensas preparan ya los recursos con la esperanza de que estas condenas se rebajen sustancialmente. De entrada, y dado que ha quedado acreditado que no estamos ante un caso de terrorismo, los condenados deberían ser puestos inmediatamente en libertad, al menos mientras no haya una sentencia firme, o en el peor de los casos ser trasladados al centro penitenciario de Pamplona. Porque si la prisión preventiva carece de sentido, es escandaloso que sufran la dispersión y continúen en cárceles a casi 500 kilómetros de sus domicilios.
