El 17 de agosto de 2017, la Rambla, el corazón de Barcelona, se llenaba de miedo y desolación. Trece personas murieron, la mayoría turistas, mientras paseaban por la calle al ser atropelladas por la furgoneta que conducía un joven yihadista, miembro de un comando liderado por el imán de Ripoll, fallecido un día antes de la matanza en una extraña explosión en una casa en Alcanar que, como se supo más tarde, era el refugio de los terroristas. Dos personas más perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas. Poco después el terror se trasladó a Cambrils, donde una mujer fue asesinada por uno de los ocupantes de un vehículo que huía de la policía. Han transcurrido seis meses de unos hechos que conmocionaron a toda Catalunya y al resto del Estado y que pusieron de manifiesto la fuerza y dignidad del pueblo catalán. Unos atentados que pusieron en primer plano a los Mossos D’Esquadra por la operación que acabó con los integrantes del comando fallecidos y que fue coordinada por el hasta entonces casi desconocido major Josep-Lluís Trapero. Pero el atentado ha quedado estos meses prácticamente en el olvido ante la vorágine en la que se ha visto envuelta Catalunya, una realidad que se resume en un Gobierno intervenido desde Madrid por aplicación del artículo 155 de la Constitución -lo que supone la supresión de facto del autogobierno-, la política judicializada, la exacerbación de la represión, unas elecciones que han colocado el escenario en un impasse paralizante, exdirigentes políticos encarcelados y el candidato a presidente en el exilio. El insólito escenario continúa desde hoy, con una nueva fase de declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y con la incógnita de la posible huida a Suiza de Anna Gabriel (CUP). Todo ello ha eclipsado las graves consecuencias de los atentados yihadistas y la ausencia de información acerca de la investigación. El propio Puigdemont puso el dedo en la llaga el sábado al acusar al Estado de no compartir con los Mossos “información sensible” sobre el imán de Ripoll. La sociedad catalana -que en aquellos aciagos días dio una lección de madurez, solidaridad y serenidad- necesita y merece también conocer la verdad sobre lo que sucedió y sus antecedentes. Pero parece que el Estado está más interesado en centrar sus esfuerzos en actuar política, policial y judicialmente contra el independentismo.
