Cuando queda apenas un mes para las elecciones del 21 de diciembre en Catalunya, convocadas por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución que también destituyó al Govern legítimo y disolvió el Parlament democráticamente elegido, y a la espera del desarrollo de los procesos judiciales que están teniendo lugar contra el president y los consellers -tanto en Madrid como en Bruselas- así como sobre otros líderes del independentismo, las posiciones de los partidos catalanes se van decantando, con algunas incógnitas aún por resolver. La asunción de estas elecciones por parte de las fuerzas soberanistas pese a que consideran que se trata de unos comicios no legítimos al no estar convocados por el president supone sin duda una oportunidad para dar una salida democrática al conflicto, aunque tampoco lo garantiza, ya que todo depende tanto de los resultados de las urnas como de la actitud que al día siguiente adopten el independentismo y el unionismo. Tras el cierre de las listas electorales, ha quedado ya claro que pese a los esfuerzos de una parte, no han sido posibles candidaturas unitarias ni en el soberanismo ni en el constitucionalismo. Sin embargo, sí hay una clara estrategia de conformación de “frentes” contrapuestos tras las elecciones, lo que puede abocar a Catalunya a una nueva confrontación política y social de imprevisibles consecuencias. De hecho, al menos hasta el momento, solo ha habido tímidos y poco convincentes guiños hacia algo parecido a un movimiento más o menos transversal que pudiera afrontar la grave situación desde una perspectiva distinta. En cualquier caso, la campaña electoral que empezará en 16 días será todo menos normal en términos democráticos. Las listas de Junts per Catalunya -que encabeza Carles Puigdemont, actualmente en Bélgica- y ERC -liderada por Oriol Junqueras, en prisión preventiva- contienen más de diez candidatos encarcelados o refugiados en Bruselas, a los que hay que añadir otros investigados como la propia presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Esto significa -incluso aunque cambie la situación procesal de algunos de los imputados - que tendrán restringidos sus derechos. Es de esperar que durante la campaña se clarifiquen de forma nítida las posiciones respecto a lo que la ciudadanía debe decidir en función de lo que cada partido plantea para el futuro inmediato de Catalunya.