La preocupación por la sostenibilidad del sistema actual de pensiones que refleja una amplia mayoría (82%) de la sociedad vasca, según el Sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco el pasado mayo, se vería exponencialmente incrementada si a las dudas sobre su mantenimiento se les añade la preocupación por su capacidad para proporcionar un digno nivel de vida a medio plazo. En realidad, el verdadero problema de las pensiones es ese, el de su capacidad, más que el de su sostenibilidad, aunque el Gobierno Rajoy confunda ambos al mantener el sistema a costa de su capacidad para responder a las necesidades de los pensionistas. No en vano, la subida del 0,25% de las pensiones en 2017, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) plantea mantener hasta 2022, se prevé muy por debajo de los índices de inflación que, por poner un ejemplo, en el último decenio, desde 2007, y a pesar de la fortísima crisis, resultarían en una media del 1,5% y solo inferior en dos ocasiones a ese 0,25% que conllevaría una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas de más del 7% en cinco años. Convendría aclarar que la misión que la AIReF se atribuye, en todo caso, no es garantizar ni la sostenibilidad ni la capacidad del sistema de pensiones, sino el cumplimiento efectivo por las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria que se incluyó en el artículo 135 de la Constitución en la reforma aprobada por el PP y el PSOE hace seis años. También que la recomendación de esa insuficiente y mantenida actualización de las pensiones del 0,25%, que supondría alrededor de tres euros para la pensión media (920 euros en el Estado y 1.303 en Euskadi), deriva del déficit del sistema, que incluye el agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que, a final de año, habrá consumido 55.000 de los 66.000 millones con que contaba antes de la crisis, también a raíz de su utilización por el Gobierno para compensar la deuda. En definitiva, es exigible un nuevo modelo para las pensiones capaz de asegurar su sostenibilidad, para la que hay alternativas como demuestra su reciente inclusión parcial en presupuestos vía crédito, y de conjugarla con la capacidad para proporcionar a los pensionistas niveles dignos de subsistencia, a lo que colaboraría una gestión más cercana igual o más amplia que la contemplada en el art. 18 del Estatuto de Gernika.
