El anuncio por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de la fecha del 1 de octubre para la celebración de un referéndum con la pregunta “¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?” cumple el compromiso que el propio Puigdemont realizó en setiembre cuando, tras superar una moción de confianza en el Parlament, planteó como opción final a la falta de acuerdo con el Gobierno Rajoy la convocatoria de un referéndum de independencia en un año. Sin embargo y al tiempo, el anuncio es también un último emplazamiento al Estado al acotar el final de un proceso de desafección social y desconexión política de casi 14 años durante los que las instituciones catalanas han planteado diversas alternativas que solo han cosechado negativas por respuesta. Primero, en 2003, a la reforma del Estatut propuesta por un gobierno catalán transversal (PSC-ERC-ICV) con Maragall como president, cepillada por el Congreso en 2006 para que, nada menos que 4 años más tarde, en diciembre de 2010 y a iniciativa del PP, el TC terminara de rebajarla al declarar inconstitucionales 14 de sus artículos, 12 de sus disposiciones y calificar de ineficaz el uso del término “nación”. Por segunda vez cuando, con Artur Mas en la Generalitat, el gobierno Rajoy rechazó la propuesta de pacto fiscal de febrero de 2012 para otorgar a Catalunya plenas capacidades tributarias como solución a la reclamación de un mayor autogobierno. Y dos años más tarde, en verano de 2014, cuando el Congreso negó el traspaso de la competencia para convocar un referéndum que, en virtud de la posibilidad que ofrecen los artículos 149 y 150 de la Constitución, permitiera conocer los deseos políticos de la sociedad catalana, recurrió por inconstitucional la Ley de Consultas de Catalunya, y finalmente encausaría a los representantes de las instituciones catalanas por la convocatoria del 9-N, que trató de impedir. Transcurridos desde entonces tres años en continuo conflicto político y con reiteradas iniciativas judiciales, y a menos de cuatro meses de la fecha anunciada ayer por Puigdemont como punto de no retorno, el Gobierno Rajoy puede seguir pretendiendo que el problema no existe y sin embargo debe dirimirse en los tribunales o buscarle solución. Y esta pasa en todo caso por saber primero, a ciencia cierta, qué quiere la mayoría de los catalanes.