En 2010 el Gobierno Vasco, siguiendo las directrices del Gobierno central recortaría a los funcionarios/as públicos vascos un 5% de sus salarios que todavía no ha devuelto. En 2012, acogiéndose al decreto de Madrid de estabilidad financiera, que con carácter excepcional y temporal lo permitía, el Gobierno Vasco suspendería todos los convenios colectivos del sector público, eliminaría una paga extra y tomaría otras medidas de recortes sociales. Desde 2011 hasta 2015 los salario del sector público han estado congelados, perdiendo los trabajadores del sector hasta un 30% del poder adquisitivo. En 2016 y 2017 se comenzaría una leve recuperación con la subida de un 1% de los salarios. Hoy, en 2017, pese a que las circunstancias económicas excepcionales que posibilitaron en 2012 la suspensión de los convenios colectivos, son totalmente diferentes, continuamos con los convenios colectivos suspendidos, con nuestros derechos laborales cercenados. En efecto ya llevamos varios años creciendo y creando empleo, las haciendas vascas han ido aumentando su recaudación, aumentado en febrero del 2017 un 10,3% y el resultado de la negociación del cupo aumenta las posibilidades financieras del Gobierno Vasco. Unos de los sectores más perjudicados dentro de este colectivo han sido los que se han ido jubilando durante estos años, que no solo no van a poder recuperar esa pérdida de poder adquisitivo del 30%, sino que también se les ha privado de la indemnización por jubilación contemplada en su convenio colectivo(hemos de recordar que al jubilarse los funcionarios pierden un 25% de su salario). Para finalizar entran a formar parte de un sistema de pensiones que recorta también el poder adquisitivo de los pensionistas y que grava fiscalmente sus pensiones como si fueran rendimientos del trabajo.
Consecuentemente es hora de que el Gobierno Vasco ponga en vigor los convenios y todas sus cláusulas suspendidas y recuperar el poder adquisitivo ,así como contemple entre sus medidas aplicar las mismas al personal jubilado desde 2012.