El juez Eloy Velasco, quien dirige las investigaciones de la trama Púnica y de la operación Lezo en el seno del PP, realizó el pasado martes, en una intervención en el II Congreso de la Abogacía de Madrid, la constatación, necesaria, de una evidencia que condiciona las actuaciones judiciales contra la corrupción extendida en el Estado español: “El fiscal no pertenece al Poder Judicial, sino al Ejecutivo”, dijo. Efectivamente, el ministerio público no depende jerárquicamente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -lo que tampoco sería un aval de separación entre poderes dado el sistema de elección de los miembros de este- sino del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia que dirige Rafael Catalá, el ministro que deseó a través de un sms “el fin de los líos” a Ignacio González, a quien Eduardo Zaplana, según una grabación que consta en la investigación, adelantó antes del nombramiento hace poco más de dos meses del fiscal Anticorrupción Manuel Moix que la personalidad y afinidades de este podrían resultar favorables a sus intereses. Moix, nombrado por el fiscal general José Manuel Maza, quien también llegó al cargo hace apenas cinco meses designado por el Gobierno Rajoy, ya habría intentado, según denuncia de los fiscales, obstaculizar la operación Lezo e impedir algunos registros. Y ya sustituyó la semana pasada, días antes de que ayer a petición de anticorrupción se decretara prisión para Jordi Pujol hijo, a los fiscales que desarrollaban las investigaciones sobre las presuntas comisiones del 3% en Catalunya. Y de igual modo había sustituido a López Bernal, fiscal jefe de Murcia que inició la investigación contra Pedro Antonio Sánchez (PP) y a las dos fiscales que la desarrollaron; investigación que, por cierto, también dirige Eloy Velasco. Hasta ahí, los hechos, las actuaciones de la Fiscalía. Pero si todo ello coincide con el anuncio por Catalá de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sean los fiscales, es decir, un ministerio público dependiente del Gobierno, y no los jueces quienes instruyan las causas, se llega también a una deducción: el Gobierno que preside Mariano Rajoy pretende el control absoluto de las actuaciones judiciales por el Ejecutivo a través de la Fiscalía. O, lo que es lo mismo, la impunidad a través de finiquitar la ya mermada independencia judicial.