El 11 de febrero, hace dos meses escasos, a las puertas del Congreso del PP en Valencia que le reelegiría como presidente del partido y al ser preguntado por el juicio de la primera época de la trama Gürtel, que se celebraba entonces, y sus consecuencias, Mariano Rajoy respondió con rotundidad: “Todo forma parte del pasado”. Hace un mes, en el Congreso de los Diputados, durante la sesión de control al Gobierno del 8 de marzo, al serle echada en cara su resistencia a abrir una comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular, Rajoy replicó argumentando con un pasaje bíblico: “Lo positivo sería que mirásemos hacia el futuro, porque si miramos demasiado hacia el pasado puede pasar como a la mujer de Lot, que quedó convertida en estatua de sal”. A continuación, el presidente español esgrimió la creación de empleo y la estiba como “temas que, sin duda, importan al conjunto de los ciudadanos”. Precisamente aquellos mismo días, en un sondeo para el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizado entre el 1 y el 10 de marzo en 255 municipios de 49 provincias, la preocupación de los ciudadanos por la corrupción subía más de siete puntos y se convertía en el principal problema para el 44,8% de los ciudadanos, solo superado por el paro (72%). “El pasado” del que hablaba el reelegido presidente del PP y antes reelegido presidente del Gobierno español, sigue al parecer muy presente. Y continúa además deslegitimando a la política, que se ve dañada por actitudes como las que se han desarrollado en o en torno al PP durante casi dos dos décadas, desde 1999 hasta hoy, en las que el propio Mariano Rajoy ha formado parte del nucleo duro de poder del partido y el gobierno. Una desligitimación que la misma encuesta del CIS también refleja: los políticos son el cuarto problema para los ciudadanos. Por tanto, que el PP, con sus cuatro tesoreros y más de ochocientos cargos implicados, pretenda olvidar y que se olvide todo ello situándolo en un pasado que, sin embargo y como muestra la reciente imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, no es tal; se antoja un esfuerzo baldío si no algo más. Los juicios y casos pendientes, con imputación de financiación ilegal en algún caso, siguen y seguirán señalando al PP y a quienes en él han participado directamente al menos en la toma de decisiones.
