La celebración del primer encuentro de la Comunidad del Concierto-Gurea Kontzertua, plataforma para la difusión y defensa del Concierto Económico, al cumplirse 139 años del acuerdo alcanzado el 28 de febrero de 1878 con el que se lograba impedir la absorción por el Estado de las haciendas forales que suponía la Ley abolitoria de los fueros de 21 de julio de 1876, es la constatación evidente, en tanto que aún existe necesidad de difusión y defensa, de la existencia de una pretensión secular en el Estado por ahormar y diluir las especificidades del autogobierno vasco que hallan excusa en un interesado desconocimiento de las mismas. De hecho, esa pretensión fue la que dio origen al Concierto y la que explica la constante tensión que le ha acompañado desde entonces y que se ha ido encarnando, por ejemplo, en recursos de inconstitucionalidad presentados en su día contra la ley que modificaba las del TC y el CGPJ, conocida como de blindaje del Concierto, o en la oposición del PP a su aprobación; en acusaciones de insolidaridad pese a que Euskadi aporta al Estado desde hace dieciseis años por encima de lo que le correspondería con el 6,24% que se toma como índice según la Ley del Cupo; en la todavía reciente inoperancia del Estado en la defensa ante Europa de las normas tributarias vascas; en la consideración de “privilegio” que se ha pretendido extender sobre el Concierto desde determinadas formaciones políticas; y en la nada inocente ignorancia de la legalidad que establece el sistema de Concierto, desde la Disposición Derogatoria 2ª de la Constitución, que deroga la anulación de los derechos forales de 1839 y 1876, a la Disposición Adicional 1ª, que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”, pasando por el art. 41.1 del Estatuto de Gernika, que estipula el sistema de concierto para las relaciones de orden tributario entre Euskadi y el Estado, o la propia ley de aprobación del Concierto en 1981 y la que le dota de carácter indefinido (2002). En todo caso, no cabe obviar que quien cuestiona la relación bilateral que establece el Concierto Económico cuestiona siglo y medio de relación entre los territorios forales y el Estado y, por tanto, admite que dicha relación precisaría de otro modelo que debería forzosamente ser aprobado por la sociedad vasca en el ejercicio de sus derechos históricos.
