La exigencia planteada por el Gobierno Vasco al Gobierno Rajoy para que una decisión política de este último anule el recurso contra la 25ª promoción de la Ertzaintza presentado por el Ministerio de Hacienda ante el TSJPV -hoy pendiente de la resolución del Supremo-, en base a la pretensión de aplicar a esta la tasa de reposición de empleados públicos, se fundamenta en la lógica de que son decisiones políticas las que impulsan, ahora y con anterioridad, las trabas a los intentos de completar la plantilla de la Policía vasca. También otras iniciativas legislativas desarrolladas en Euskadi como las asimismo recurridas leyes de ILP, de abusos policiales, del fracking o de vivienda, por citar las más relevantes. Lo prueba el hecho de que el nuevo recurso, luego seguido de otro contra la 26ª promoción, se produjera menos de un año después de que el PNV lograra en Madrid un acuerdo -político- por el que se paralizó otro contra la anterior promoción de la Ertzaintza, de 120 plazas en 2014. Es decir, el Gobierno Rajoy supedita (además de a su ideología homogeneizadora), a su conveniencia o necesidad políticas el cumplimiento de la legalidad y de los acuerdos ya alcanzados con las instituciones vascas. Más claramente, la mera posibilidad de que el TS se decante por considerar pertinente el recurso sólo podría tener un fundamento político -asentado en el carácter que las designaciones han conferido al tribunal- por cuatro motivos. Uno, que la pretensión de aplicar a la Ertzaintza la tasa de reposición de empleados públicos ignora el art. 17 del Estatuto de Gernika que confiere a la Policía vasca un régimen especial respecto a otros funcionarios, régimen confirmado, en disposición del punto 4 de ese mismo art. 17, a través de los acuerdos de la Junta de Seguridad. Dos, que dicha tasa además es posterior al acuerdo de dicha Junta que, en 2004, con anterioridad al inicio de la crisis y más de un lustro antes de que se disparara en el Estado el déficit público, estipuló las necesidades de plantilla de la Er-tzaintza en 8.000 agentes, cifra que no alcanza en la actualidad. Tres, porque ese déficit y por tanto el motivo que origina o trata de explicar la tasa, no es tal en Euskadi, donde en contraste con el resto del Estado se han cumplido los objetivos previstos para reducir el mismo. Y cuatro, porque es la propia seguridad de la sociedad vasca la que, por lógica y sentido común, exige completar y rejuvenecer la plantilla de la Ertzaintza.