Los presuntos autores de la violación en grupo a una joven en Sanfermines siguen siendo presuntos, al no mediar aún juicio ni sentencia que defina su culpabilidad o inocencia. Acumulan indicios suficientes en su contra para que la justicia considere conveniente su permanencia en prisión preventiva; del mismo modo que dicha investigación ha dado lugar a otra similar y con varios de los mismos implicados en Córdoba. Dicho esto, la banalización del delito de violación que supone que algún lumbrera cuelgue una pancarta solidaria con uno de estos investigados -Gordo, lo llaman, también El Prenda- es del todo condenable. Pero la pancartita de marras -y los tuits jaleadores- van más allá de la banalización del suceso concreto y de la propia violencia contra las mujeres en general. Y del mismo modo que asistimos en los últimos tiempos a una rigurosísima aplicación legal de tipos como enaltecimiento, apología o injurias, cabe preguntarse si este caso no merece al menos su estudio en el ámbito judicial, más allá de las autoridades deportivas -el presidente de La Liga decía ayer no conocer esta pancarta; el presidente del Sevilla, que “no significa nada”- a las que la Delegación del Gobierno en Navarra ha anunciado que remitirá el informe encargado a la Policía Nacional.
