La aprobación en el Consejo de Ministros de ayer del desbloqueo, mediante la anulación de contratos para realizar nuevos concursos y adjudicaciones, de la construcción del denominado nudo de Bergara, tramo que condiciona la finalización de la red ferroviaria de alta velocidad en la CAPV, así como de la admisión de la posibilidad de soterrar el trazado de la llegada de dicha red a Bilbao y Gasteiz merece un análisis que sobrepase, sin ignorarlo, lo que de positivo tiene la noticia. En primer lugar, es preciso constatar que los cinco tramos que conforman el nudo se terminaron de adjudicar por el Ministerio de Fomento hace ya año y medio por 288,6 millones de euros cuando se presupuestaron en 557,8 millones, es decir, con una rebaja del 48,3%; y que, en principio, ha sido esa adjudicación a la baja la que ha paralizado las obras al considerar posteriormente las empresas adjudicatarias sobrecostes que no eran aprobados por Fomento. Es decir, aun si se analiza el problema como de financiación, su responsabilidad solo puede adjudicarse a quien ha venido dirigiendo el ministerio. Ahora bien, dado que el desbloqueo lleva consigo una aprobación presupuestaria que permita a las constructoras realizar las obras del tramo por encima del anterior precio de adjudicación, cabe asimismo deducir que el fondo del problema es, ha sido, político; es decir, que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy no ha aprobado antes esa partida por no contemplar la necesidad política de hacerlo. Y esto solo significa que el Gobierno del PP ha pospuesto por razones de su interés -político o partidario, en este caso es lo mismo- los plazos para la finalización de una infraestructura clave en el desarrollo de Euskadi y que, por estar dentro del Corredor Atlántico, es considerada por la Unión Europea esencial en el desarrollo del transporte ferroviario de la UE; con el agravante de poner en riesgo nada menos que 500 millones de euros de financiación comunitaria, comprometidos bajo la condición de finalizar las obras para 2019. Y constatado esto, cabe comprender y es preciso destacar la distinción evidente entre quienes en el ejercicio de gobierno anteponen determinados intereses que no son los globales de la sociedad y quienes gobiernan, acertada o equivocadamente, con el desarrollo socioeconómico de la misma como primer objetivo.