Aun sin entrar en el fondo de la cuestión sobre la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la 25ª promoción de la Ertzaintza, el auto de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que rechaza la petición de la Abogacía del Estado de ejecutar provisionalmente la anulación de la convocatoria, recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por el Gobierno Vasco, es una reconvención en toda regla de los endebles argumentos presentados por el órgano de la Administración del Estado. En primer lugar, el auto cuestiona en su totalidad el razonamiento económico en el que la Abogacía del Estado sustenta toda la petición de anulación en aras a un supuesto interés general, toda vez que el tribunal estima “desde la realidad económica” el cumplimiento por la CAV de las obligaciones de reducción de déficit y por tanto considera imposible deducir que el gasto de la 25ª promoción de la Ertzaintza haya condicionado el balance de las cuentas públicas y los compromisos adquiridos al respecto. Por otro lado, se evidencia asimismo y por dos motivos diferentes la falta de responsabilidad de la Abogacía del Estado al plantear la anulación: la no consideración de que el proceso de la OPE estaba ya en curso y la no consideración del efecto que la suspensión de la promoción podría tener en el servicio ofrecido por la Ertzaintza, ya que el porcentaje de los nuevos efectivos respecto al total de la Policía Vasca es del 7,8%, relevante aunque inferior a la tasa de reposición que el Gobierno del Estado ha planteado para otros ámbitos funcionariales. Y, finalmente, el TSJPV certifica que la Abogacía del Estado ignora los acuerdos de la Junta de Seguridad, marco paritario que estipula el art. 17.1.4 del Estatuto de Gernika para la coordinación y ordenamiento de las fuerzas policiales en Euskadi, al admitir que, incluso con la incorporación de los nuevos 254 agentes, la Ertzaintza no alcanza aún los ocho mil efectivos consensuados en dicha Junta en 2004, hace ya doce años. El auto, en resumen, viene a desnudar la actuación de la Abogacía de Estado, cuyo único fin parece ser el de dificultar la utilización por el Gobierno Vasco de los mecanismos de autogobierno que le competen cuando estos no se encuentran al alcance de la actividad legislativa recentralizadora que ha hecho manifiesta el Gobierno Rajoy.