La presidenta del Congreso, Ana Pastor, intentó bloquear ayer la decisión previa de la Junta de Portavoces -con el apoyo de todos los grupos de la Cámara salvo el suyo, el PP- para que el ministro en funciones Luis de Guindos compareciera en un Pleno urgente la próxima semana y diera explicaciones sobre el fallido nombramiento de José Manuel Soria para el Banco Mundial. Es cierto que el hecho de que el presidente de un Legislativo tome decisiones inherentes a su cargo más impelido por los intereses de su partido que por su condición de representante de la Cámara que preside no es novedoso. Seguramente, ateniéndonos a la literalidad del Reglamento, no se ha definido explícitamente esta figura como un árbitro imparcial e independiente. “Corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión. Cuando en el ejercicio de esta función supletoria se propusiera dictar una resolución de carácter general, deberá mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces”, dice el Reglamento del Congreso. Pero quizá, como en tantas otras cosas y muy especialmente en política, el ejercicio de determinados cargos requeriría un plus de ética y estética. Para empezar, por el bien de la institución que preside.
