Al margen de debates jurídicos sobre la inconcreción o no de la inhabilitación dictada contra Arnaldo Otegi, sobre su supuesta o no inelegibilidad o sobre el agotamiento o no de las vías judiciales contra esa inhabilitación, la decisión del Tribunal Constitucional de cerrar el paso a la candidatura de Otegi -rechazando incluso admitir a trámite su recurso- vuelve a dejar una sensación en la política vasca de estar permanentemente anclados en la anormalidad. De algún modo, la cita del 25 de septiembre era la oportunidad de celebrar unas elecciones al Parlamento Vasco sin el peso insoportable de la amenaza y el crimen de ETA, pero también sin el peso condicionante de las ilegalizaciones. Unos comicios realmente interesantes por lo inédito de las fuerzas en disputa y los posibles cambios en el tablero político que se pueden atisbar pero, sobre todo, una pugna en las urnas de los partidos que quisieran concurrir con los candidatos que quisieran designar. Algo bastante normal. Pero no. Con Otegi fuera de juego -y sin entrar tampoco a debatir sobre la teoría táctica alimentada por el TC respecto a los motivos por los que su defensa no recurrió en su día la inhabilitación dictada por la Audiencia Nacional-, los electores volverán a enfrentarse a una oferta electoral condicionada.
