La amenaza de agotamiento del Fondo de Reserva de las pensiones para 2018 a raíz de las continuas disposiciones por el Ministerio de Empleo, que en el último lustro ha extraído nada menos que 42.608 millones de euros -dos terceras parte de los 66.815 millones de que disponía el fondo en 2011-, los últimos 9.700 el pasado mes de julio, como consecuencia del déficit que arrastra la Seguridad Social, que en 2015 ya superó los 16.000 millones; y las críticas sindicales a la descapitalización de ese fondo y la exigencia de recuperación del Pacto de Toledo hacen conveniente un análisis coherente del verdadero origen de los problemas que llevan al cuestionamiento del sistema público de pensiones. Es cierto que la relación entre pensionistas y trabajadores se elevará en los próximos 25 años a seis de los primeros por cada 10 de los segundos, que el número de pensionistas rondará los 34.000 por cada cien mil habitantes o que el gasto en pensiones rondará el 14% del PIB cuando ahora no alcanza el 12%; pero ese horizonte no sería preocupante en virtud del tipo de gestión del sistema de Seguridad Social y de las políticas que afectan al mismo. Así, que el déficit de la Seguridad Social está influido, si no provocado, por el desempleo y el estancamiento de los salarios, las tarifas planas y exenciones en las cotizaciones sociales y la proliferación de contratos temporales y/o parciales es innegable. De hecho, un estudio de CCOO estima que con la creación de dos millones de empleos de un salario medio anual bruto de 22.000 euros, la recaudación se elevaría en 22.000 millones, lo que permitiría no solo enjugar esos 16.000 millones de déficit del sistema sino recuperar paulatinamente el fondo que ahora da más que síntomas de agotamiento. Y que el gasto en pensiones alcance dentro de unos años el 14% del PIB o lo supere no es hoy un problema en otros países de nuestro entorno, lo que refuerza la idea de que la sostenibilidad del sistema no radica en los gastos del mismo, sino en los ingresos y en el modo de gestionarlos. De ahí el más que razonado fundamento de la exigencia que reiteradamente se ha venido realizando desde el Gobierno Vasco para el cumplimiento de la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social que contempla el art. 18.2 del Estatuto de Gernika.