La luz verde dada por el Parlamento Europeo a la creación del Passenger Name Record (PNR) o registro de pasajeros de transporte aéreo, que venía siendo aplazada desde hace cuatro años por las dudas sobre su afección a derechos básicos como el de la privacidad, no ha conseguido resolver esos interrogantes a pesar de realizarse al tiempo que la renovación de las normas de protección de datos, aprobadas en 1995 y ya obsoletas ante el desarrollo experimentado desde entonces por las tecnologías de la información. De hecho, a expensas de la trasposición a las legislaciones estatales de la directiva por la que las aerolíneas se verán obligadas a entregar a los Estados hasta 19 datos de cada pasajero, lo que se prevé culminado dentro de dos años, es muy posible que el PNR acabe siendo recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya en 2014 anuló la directiva de retención de datos aprobada en 2006 por la UE tras los atentados de Madrid y Londres en 2004 y 2005. Como entonces, las críticas al PNR se centran en la necesidad o no de implementar el registro de pasajeros y en la proporcionalidad de una recogida masiva de datos; dado que necesidad y proporcionalidad son requisitos imprescindibles para toda directiva europea. De hecho, casi tantas dudas como las que suscita el PNR por su afección a la privacidad de los ciudadanos, despierta por su verdadera aportación a la seguridad en la Unión -que ha aprobado más de 230 medidas para incrementarla desde el 11-S- puesto que el último impulso a su aprobación surge tras los atentados de París y Bruselas, en los que se han detectado más errores de coordinación y al compartir información entre policías de los estados-miembro, lo que el PNR no resuelve por cuando cada país creará su propio registro, que de control de movimientos de los terroristas que intervinieron en ellos. Sin olvidar la más que necesaria prevención a legislar con espíritu restrictivo al albur de hechos que atentan contra la serenidad social y política, especialmente cuando esa legislación interesa a derechos fundamentales, para no provocar precisamente el efecto deseado por quienes pretenden con métodos violentos alterar el sistema de libertades sobre el que se ideó y desarrolló y con el que se debe identificar, pese a todo, la Unión Europea.