La cumbre de la Unión Europea que da comienzo hoy en Bruselas con el fin de definir y decidir sobre el preacuerdo alcanzado hace dos semanas con Turquía para que este país acoja a los refugiados que la UE le envíe de vuelta afronta tres aspectos de una complejidad que se antoja inabordable. Por un lado, la negociación es ardua en sí misma por la divergencia de intereses entre los estados miembro, evidente desde que el preacuerdo alcanzado por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el primer ministro turco, Ahmet Davatoglu, relacionaba este con el proceso de integración de Turquía en la UE, que cuenta con una patente oposición entre los 28. Por otro, por la evidente dificultad de adecuar lo preacordado con Turquía a la propia legalidad europea y al derecho humanitario internacional, tal y como ha advertido el relator de la ONU para los Derechos Humanos, François Crepeux, ante la posibilidad de que se instrumenten fórmulas para maquillar como expulsiones individuales deportaciones masivas. Pero también porque es más que evidente que Turquía no cumple los Criterios de Copenhague que se exigen a los países de la UE en materia de DDHH y protección de minorías, con lo que se concedería el papel de gendarme de las fronteras europeas a un Estado sin compromiso en dichas materias, creando de facto para Europa una zona de exclusión de las mismas. Y, finalmente, aun en el hipotético caso de que la UE alcanzara un consenso y lograra adecuar el papel turco -lo que incluiría profundos cambios legislativos en la propia Turquía- al respeto de la legalidad internacional y europea, sería la puesta en práctica del acuerdo la que se intuye imposible que cumpla con ambas si se pretende implantar en el plazo relativamente corto que exige el problema de los refugiados. Dicho de otro modo, la cumbre tiene el mismo horizonte que las de septiembre y diciembre de 2015 o la del 7 de marzo o que las citas de ministros de Exteriores en enero y febrero; y la virtualidad de que el acuerdo con Turquía solucione la crisis de los refugiados es similar a la que han tenido los cierres y vallados de fronteras, la suspensión de Schengen y la amenaza de expulsión de Grecia, la propuesta de creación de una policía de la UE, la apelación a la OTAN o la incautación de bienes. Y, como estas, conlleva el cuestionamiento de principios fundamentales y fundacionales de la Unión Europea.