El lehendakari, Iñigo Urkullu, y con él el Gobierno y la sociedad vasca saldaron ayer una deuda con una parte de las víctimas de la violencia y la vulneración de derechos humanos que han tenido lugar en la historia reciente de Euskadi. El propio Urkullu ya protagonizó un hito el pasado 5 de junio de 2015, cuando, durante una jornada sobre Víctimas del terrorismo y sociedad, hizo un importante ejercicio de autocrítica y pidió perdón a los damnificados por la desatención institucional y social que han padecido durante décadas. Ayer, el lehendakari hizo lo propio con las víctimas que no han sido nunca reconocidas, con las personas que han padecido una violencia injusta y violaciones de derechos humanos causadas por el abuso y el uso ilícito de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Al igual que el acto celebrado hace ocho meses, la jornada celebrada ayer en el Kursaal de Donostia, a la que acudieron un centenar de víctimas, supone un acto de autocrítica institucional y social y es el justo reconocimiento a personas que han padecido la brutalidad de la violencia bajo el amparo institucional y que han quedado en el olvido durante largos años. La frase dirigida por el lehendakari a las víctimas, que, al igual que hizo en junio, quiso poner un énfasis especial en el componente autocrítico del acto y en el reconocimiento de la injusticia del daño causado, es en sí misma un paso de especial relevancia hacia la convivencia en nuestro país: “Estamos con ustedes. El sufrimiento que ustedes padecieron fue injusto y nunca debió suceder. No hay nada que lo legitime o justifique. Tienen toda nuestra solidaridad y afecto”, afirmó. Se trata de un reconocimiento explícito dirigido a las víctimas, pero que interpela -y mucho- a otros agentes, en especial al Gobierno español -que, como institución bajo cuyas órdenes actuaban las Fuerzas de Seguridad causantes de las violaciones de derechos humanos debería dar los pasos hacia el reconocimiento del daño injusto que causaron y proceder a su reparación- y a la izquierda aber-tzale, siquiera como modelo para la autocrítica. El reconocimiento de ayer, al amparo del decreto 107/2012, da cobertura a las víctimas causadas entre 1960 y 1978, un periodo importante pero no completo que, en virtud de los principios de igualdad y no discriminación, deberá ampliarse todo lo posible para mirar al futuro y construir la convivencia bajo la perspectiva de la justicia.