habría sido todo más sencillo si se hubiera quedado en que el peón Diego Torres era un jeta y un aprovechado. Pero no. Resulta que su socio Iñaki Urdangarin vio un filón. Aun con todo, habría quedado en nada si fuera sólo que el yerno alfil se pasó de listo. Pero tampoco. La ética del juez José Castro -con un par, oiga- le hizo inevitable imputar a la torre Cristina de Borbón, la ejecutiva de La Caixa que no se enteraba. E incluso el establishment monárquico firmaría hoy por reducir todo a un mero juicio a la corrupción de los duques de Palma, privar a la infanta de sus derechos sucesorios, exiliarla en Ginebra y aquí paz y después gloria. Eso evitaría entrar a dilucidar si el rey Juan Carlos sabía, consentía o participaba de los caprichos de su hija y su yerno mientras él mismo cerraba otros negocios a más altas esferas. Pero aun llegado el caso, su abdicación lo zanjaría ahí todo. En toda esta secuencia de cortafuegos, los poderes del Estado están echando el resto para evitar que la escala llegue hasta Felipe VI. Porque lo peligroso no es que la infanta sea finalmente procesada o no, sino que se someta a juicio a la propia Casa Real, experta superviviente desde hace más de 300 años. Es mejor dejarlo todo en que se trata de un mero juicio a la corrupción, otro más.
