la pérdida de 2,5 millones de votos en las últimas elecciones municipales puso al PP ante la lacerante evidencia de que el autocomplaciente discurso de la recuperación económica difícilmente le servirá por sí solo para preservar la Moncloa. Precisamente en esa clave cabe contextualizar el pomposo adelanto de la rebaja fiscal enunciado esta semana por Mariano Rajoy, un anuncio que además de enmendar un flagrante incumplimiento electoral -en lugar de bajar el IRPF lo subió- vuelve a colocar en mejor situación a las rentas más pudientes y resulta criticable desde una perspectiva progresista, en el sentido de que esos 1.500 millones de coste de la propagandística medida podrían dedicarse a paliar situaciones vitales críticas como las que por ejemplo padecen los hogares sin ingresos. Con todo, lo más llamativo de la iniciativa es su clamoroso carácter electoralista, pues se formula a escasos meses de los próximos comicios generales, lo que sin duda refleja la desesperación de un jefe del Ejecutivo acorrolado por la corrupción estructural y endémica del PP para enojo de una parte significativa de su electorado tradicional. Hasta el punto de que la rebaja fiscal coincidió en el tiempo con la publicación del escrito de defensa de Luis Bárcenas, que como extesorero del partido constata la financiación ilegal con Fraga, Aznar y el propio Rajoy, al que acusa de recibir “algunos donativos importantes” procedentes de la contabilidad paralela. En la certeza de que esa caja B -más el insultante argumento de que Bárcenas fue poco menos que un extraterrestre que manejaba en Génova fondos y sobres a su libre y exclusivo albedrío- le ha despojado de la mayoría absoluta que nominalmente todavía disfruta cabe circunscribir la determinación de Rajoy de tramitar los próximos Presupuestos antes de las elecciones de fin de año. Una mayúscula aberración democrática -de hecho, una excepción en la historia del parlamentarismo español- concebida para que las Cuentas queden al margen de la eventual negociación del PP con un socio que le pueda garantizar su continuidad en el poder o, aún peor, para que si gobierna otra sigla se encuentre nada más llegar con una losa de proporciones formidables. En todo caso, la imposición de los Presupuestos resulta la última y más palmaria demostración de la egolatría y el autoritarismo que caracteriza la ejecutoria del PP, un rodillo absolutamente implacable y radical.