La entrada en vigor esta semana de la Ley de Seguridad Ciudadana -más conocida como ley Mordaza- y de la reforma del Código Penal, ambas con el único apoyo de la mayoría absoluta del PP, marcan un antes y un después en la consideración y respeto a los derechos y libertades fundamentales en el Estado español. Que la Ley de Seguridad Ciudadana supone una limitación de derechos básicos como la libertad de expresión e información, el derecho a la intimidad personal o de manifestación es una obviedad de la que incluso la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha advertido al exigir instrucciones urgentes para que no se produzcan extralimitaciones policiales al albur de la nueva normativa y mientras se analizan los recursos en el Tribunal Constitucional. Que la reforma del Código Penal impuesta por la mayoría absoluta que respalda al Gobierno de Mariano Rajoy pone en cuestión -empezando por el nuevo y eufemístico concepto de prisión permanente revisable, instaurado como una cadena perpetua de facto- otros principios fundamentales como la prohibición de penas inhumanas, la exigencia de igualdad ante la ley o el fin último de la reinserción social como principio de la política penitenciaria en la es tan evidente que la denuncia de esta regresión ha sido rubricada por todos los partidos de la oposición en el recurso al Constitucional. Se debe entender, por tanto, que el Gobierno del PP ha procedido, valiéndose del rodillo de su mayoría absoluta en las Cortes Generales, a desvirtuar fundamentos de la misma Constitución que siempre ha dicho defender, después de que no la apoyaran la mitad de los parlamentarios de su precedente Alianza Popular en la votación para su aprobación en el Congreso el 31 de octubre de 1978. Y que esa absoluta carencia de respeto a dichos principios retrata, también en lo ideológico, el tipo de democracia que el PP pretende, similar a la que ha desarrollado en el ámbito socioeconómico desde la asunción del poder por Mariano Rajoy. Así como que esa desconsideración hacia los principios básicos de la democracia se evidencia aún más cuando se lleva a la práctica ignorando pruebas evidentes de que el conjunto de las políticas desarrolladas desde el Gobierno no cuenta ahora, ni de lejos, con el respaldo que le otorgó la mayoría para elaborarlas.