El pacto de Estado firmado la pasada semana por los máximos dirigentes del PP, Mariano Rajoy, y PSOE, Pedro Sánchez, supuestamente dirigido a combatir la amenaza yihadista en España, encubre varias cuestiones preocupantes por lo que suponen de retroceso de derechos y libertades, de falseamiento de la realidad, cuando no de ocultamiento a la ciudadanía, y de movimiento táctico de tintes claramente electoralistas por parte de dos fuerzas políticas que hasta ahora han monopolizado la alternancia en el gobierno y se resisten al cuestionamiento de este democráticamente insano bipartidismo. En primer lugar, el pacto responde más a las urgencias electorales de PP y PSOE en un año plagado de citas con las urnas -y con ambos partidos acechados por formaciones emergentes en cada uno de sus caladeros, como Ciudadanos y, sobre todo, Podemos- que a necesidades reales, más allá de que la amenaza yihadista pueda ser cierta y deba combatirse, siempre con arreglo a la ley y a los derechos humanos. Bajo la excusa del antiyihadismo, y al calor de los últimos atentados en París, populares y socialistas han visto en su pacto un instrumento eficaz para posicionarse en el escenario electoral, pero las medidas acordadas carecen de eficacia real. Tal es así que el PSOE ha tenido que atravesar lo que apenas una semana antes era una línea roja: aceptar la prisión permanente revisable -lo que en realidad supone la reinstauración de la cadena perpetua abolida hace casi 90 años- que había sido aprobada por el PP por la puerta de atrás en el nuevo Código Penal haciendo gala, una vez más, de su talante de menosprecio al diálogo y al consenso. Pero es que, además, las sospechas de que el pacto, vendido como elemento de lucha contra el yihadismo, contiene en realidad medidas aplicables a otros casos, algo que ya se sospechaba, van confirmándose poco a poco. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lo ha revelado en una entrevista: “La prisión permanente se aplicará a etarras cuya reinserción sea imposible”, asegura, “o para los casos derivados del fin de la aplicación de la doctrina Parot”. Estamos, por tanto, ante un nuevo pacto antiterrorista de caracter electoralista que, al estilo de los que históricamente han firmado PP y PSOE, prima la venganza, la crueldad y las medidas punitivas con objetivos espurios.