el anuncio realizado por el consejero de Salud Jon Darpón de la fecha de solicitud y el montante inicial -11,5 millones de euros ampliables- de las ayudas destinadas a compensar el copago farmacéutico da continuidad a las medidas que el Ejecutivo vasco ha venido oponiendo al decreto con el que el Gobierno español recortó el nivel de prestaciones del sistema público de salud en el Estado. Mediante aquella reforma, el Gobierno de Mariano Rajoy no solo limitaba los derechos de los extranjeros a ser atendidos por la sanidad pública -lo que contravenía su derecho básico a la integración-, sino que llevaba a efecto una categorización de la cartera de servicios por la que, con el eufemismo de su actualización, aumentaba el porcentaje abonado por los pacientes en el pago de determinados fármacos y tratamientos. Esto fue entendido ya en su momento como un ataque a los derechos fundamentales por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales y por el organismo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, además de numerosas ONG y entidades internacionales. Pero, además, suponía una nueva incursión en la capacidad de autogobierno de Euskadi y un ataque directo a la sanidad pública vasca, que mediante sus propias competencias había alcanzado niveles de atención y reconocimiento punteros tanto a nivel estatal como europeo. Para evitar la merma de estos recortes, el Gobierno de Iñigo Urkullu incluyó el pasado año una partida presupuestaria con la que devolvió más de 11 millones de euros a los demandantes de nada menos que 126.225 solicitudes de devolución del copago farmacéutico exigido por el Estado tras presentar dos recursos contencioso-administrativos contra las normativas estatales solicitando su paralización por considerar que produce perjuicios para la salud pública. Esta partida también se incluye en las cuentas para este año 2015 con el fin de evitar el efecto discriminatorio que cuestiona la universalidad que se sobreentiende en un sistema público de salud o la equidad exigible a todos los servicios sociales. Pero, sobre todo, pretende impedir el perjuicio a la salud pública que supone el hecho de que, según las organizaciones sanitarias, hasta un 15% de los usuarios del sistema en el Estado se han abstenido de determinadas medicinas debido a su coste.