La Constitución señala como principio fundamental que todo español tendrá derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna, pero los exégetas ya interpretan que son derechos subjetivos para ser enunciados, no para que sean aplicados. Pero sí deberá pagar los impuestos, obedecer a las autoridades o abandonar su vivienda si le es embargada. En estos casos, la obligación de cumplir le será exigida coercitivamente.
Pero si un ciudadano pierde su trabajo, no tiene vivienda o no puede pagar los gastos de supervivencia de la familia, será la policía y los jueces los que defiendan esos derechos, si es necesario, a base de delicados porrazos.
