La propuesta presentada por el Gobierno Rajoy a los sindicatos de una subida de 3 euros en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) solo puede entenderse como un agravio público cuando en el último lustro la actualización del SMI se ha limitado a las congelaciones de 2012 y 2014 y al 0,6% de incremento de 2013 o el 1,3% de 2011, con una pérdida de poder adquisitivo de más de cinco puntos, y las centrales habían planteado una revisión de en torno al 12% para el próximo año. Más si cabe cuando se comprueba que el actual salario mínimo del Estado es uno de los más bajos de la Unión Europea -con la salvedad de los países del Este- y que los 645,3 euros (que según la propuesta del Gobierno Rajoy pasarían a ser 648,5) apenas alcanzan una tercera parte del salario mínimo luxemburgués (1.801) o la mitad de los que se otorgan en Francia (1.445), Bélgica (1.283), Irlanda (1.317), Gran Bretaña (1.393) o ahora Alemania (1.440)... e incluso se encuentra por debajo del de Eslovenia. Pretender, con esos precedentes, un incremento del 0,49% en el sueldo del colectivo de trabajadores que, sin contar a los casi cinco millones de desempleados, más sufre las consecuencias de la crisis califica además al Gobierno Rajoy nítidamente como gobierno de clase, preocupado aún de mantener la contención salarial incluso en los casos más extremos cuando las rentas de trabajo ya han caído a sólo el 46,7% del PIB, récord negativo en las últimas dos décadas, y tanto desde la OCDE como desde la propia Comisión Europea han comenzado a emitirse mensajes solicitando una actualización salarial como ingrediente imprescindible de la recuperación económica. Porque, además, esa extrema contención forzada por el Ejecutivo español no se compadece con la presión fiscal a la que luego somete a las rentas del trabajo. Así, mientras la recaudación del IRPF ha aumentado un 4,2% debido especialmente al aumento en las retenciones de trabajo -y el IVA, un 8%-, la del impuesto de sociedades ha caído un -7,6% y supone casi cinco veces menos. Y todo ello agrava el incumplimiento constante de los ritmos de actualización salarial imprescindibles para cumplir con el compromiso del art. 4.1 de la Carta Social Europea y hace que el salario mínimo siga siendo, como especificaba ya en 2010 un informe publicado por el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, “manifiestamente injusto” y “muy bajo” en el Estado español.