Una vez montado el proyecto, sólo queda venderlo al mejor postor, que fue el sector público sin prudencia valorativa y excesiva fascinación por sacarse una foto publicitando un logro Guinness en las redes sociales. El sector público ha olvidado el carácter forjado que debe presidir su actuación con prudencia, eficacia, imparcialidad y riguroso control de los recursos.
El cocinero y el Ayuntamiento perfeccionan el contrato por 45.000 euros, una cantidad sorprendente para el costo de los ingredientes necesarios. El Ayuntamiento inicia una campaña de promoción del evento y el 2 de agosto muchos vitorianos acudimos a la Plaza de la Virgen Blanca para comprobar cómo se cocinaba ese tortillón, con un sol de justicia y un considerable retraso. En la cola me llamó la atención el comentario generalizado de que “es un puzzle de tortilla, no están mezclando los ingredientes” y fui a comprobar in situ cómo se colocaban en la gigantesca sartén las porciones ya precocinadas. Si yo fuera alcaldesa, estaría enfadada, decepcionada y avergonzada por la moto que me vendieron. Pero nada más lejos de la realidad: abrazos, risas, fotos -que no falten la fotos- y felicitaciones por el logro.
Tras la resaca festiva y una vez silenciado el grito preguntón y crítico contra el despropósito de concejales y ciudadanos, llega el tortazo-tortillazo de Guinness. La tortilla de Senén González -ya que él asumía todo el triunfo, lo lógico sería que asumiera toda la responsabilidad- no consigue entrar en el Libro de los Récords. Parece ser que juntar a modo de puzzle porciones de tortilla de patata en una sartén no es una proeza digna de certificado.
Llegan las excusas, las peticiones de información, la hueca y desgastada frase de “vamos a recurrir la decisión” o no abonaremos 50.000 euros a la Capitalidad Gastronómica para recuperar la inversión de la tortilla. Pero nunca escucharemos “me he equivocado, nuestras expectativas superaron la realidad”.
Cuando se vende el proyecto en el Ayuntamiento, ¿no se establece un clausulado concreto sobre la forma de realizar la tortilla? ¿Es suficiente acudir al Ayuntamiento con un contrato de 45.000 euros y una promesa de récord para que se firme? El récord Guinness era imposible desde el minuto uno de vigencia del contrato porque la tortilla proyectada erróneamente como la más grande del mundo es diez veces más pequeña que la realizada en Japón en 1994 y más grave aún si se forma como uniendo piezas precocinadas. ¿La omisión de información relevante fue involuntaria por parte del cocinero o se gestionó dolosamente? ¿Si el Ayuntamiento hubiera conocido la existencia del récord de Japón, habría firmado el contrato?