que el fiscal Anticorrupción de Palma, Pedro Horrach, intente ahora, por todos los medios procesales a su alcance y con bastantes probabilidades de éxito, cargar el muerto del caso Nóos exclusivamente sobre las espaldas de Iñaki Urdangarin -para el que pedirá una veintena de años de cárcel- con el fin de exonerar a la infanta Cristina de Borbón en aplicación de la doctrina Botín -que permite no abrir juicio oral si la Fiscalía y la acusación particular desisten y dejan sola a la acusación popular- o que el Consejo General del Poder Judicial, a través de su presidente Carlos Lesmes, en connivencia con el Gobierno, haya maquinado para buscar la forma de apartar al molesto juez Pablo Ruz del caso Gürtel que tanto está incomodando al PP resulta muy ilustrativo del descrédito y mangoneo que está caracterizando a la Justicia española. Sobre todo cuando se trata de poner cortafuegos para proteger a los representantes de las más altas instancias del Estado, ya sea el Gobierno o la Corona. Y estas dos noticias, que quizás pasen desapercibidas a los ciudadanos legos en derecho procesal, dicen sin embargo mucho de las maniobras que se estilan entre las bambalinas de los poderes ejecutivo y judicial, que socavan los más elementales fundamentos del Estado de Derecho y alimentan la sensación social de que, efectivamente, la Justicia se aplica a la carta en función de quién sea el imputado en cada caso. Por una parte, la argumentación esgrimida por el fiscal balear en un anexo de once páginas a su auto para sostener la “inexistencia de indicios racionales de criminalidad” en la actuación de la infanta Cristina descrita de forma meticulosa y pormenorizada en la instrucción del juez José Castro supone un peculiar hito jurídico. Y es que habilidosa forma de tergiversar la interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo para salvar a la hija y hermana de reyes no tiene parangón. A su vez, por muchas explicaciones que se le quieran buscar en los vericuetos internos de la magistratura, resulta muy difícil vender la moto de que haya que sacar a concurso precisamente ahora la plaza del juez interino que está investigando la mayor trama corrupta en la historia del partido del Gobierno para apartarle del caso. Dos nuevo capítulos del gran pucherazo judicial.