La decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra el “proceso de participación ciudadana” a desarrollar en Catalunya el próximo domingo 9 de noviembre y dictar la suspensión de los actos impugnados presenta un más que forzado soporte jurídico. En primer lugar, el dictamen del TC concede la suspensión -única pretensión del Ejecutivo español- que se practica de modo automático, sin siquiera argumentar por qué el Tribunal considera un único objeto este proceso de participación y la consulta popular convocada con anterioridad por la Generalitat, aquella sí mediante un decreto y en base a la Ley catalana de Consultas, cuando ambas, pese a tener el mismo objetivo, poseen origen y recorrido jurídicos diferentes. En segundo lugar, tras admitir a trámite la impugnación y decidir la suspensión, el Constitucional comunica dicha decisión al presidente de la Generalitat, cuando éste no posee más potestad sobre la consulta que las derivadas de su cargo en el mantenimiento del orden público, al no existir una convocatoria legal acreditada de la consulta por su parte. Y, en tercer lugar, concede a la Generalitat 20 días para presentar alegaciones aunque, de facto, ese plazo exceda de largo el que resta para la celebración de los actos impugnados, con lo que en todo caso y de pretenderse aludido por el dictamen del TC, el Govern catalán no podría agotar el plazo a que da derecho el propio dictamen para presentar alegaciones frente a la admisión a trámite y por tanto la suspensión de la consulta. En definitiva, la iniciativa de la Generalitat de mantener el pulso de consultar a sus ciudadanos le ha metido al Gobierno español en un callejón de absurdos políticos que esconden la falta de respuesta política a un problema que no se ha solucionado a base de poner diques de contención, sino que más bien al contrario se agrava en la medida en que Rajoy no quiera o no se atreva a abordarlo con audacia. El president Artur Mas anunció ayer que mantendrá su pulso por encima de la suspensión judicial y la jornada del 9-N se puede quedar quizás en un efecto movilizador sin recorrido político, pero volverá a evidenciar la realidad democrática de que Catalunya exige ejercer el simple derecho a dar su opinión sobre su futuro político.
