la defensa del sistema de protección social vasco, con el elogiado nivel de desarrollo que ha mantenido a lo largo del último cuarto de siglo, y por supuesto la cobertura de los nuevos retos que ya plantean las transformaciones en nuestra sociedad -también las que afrontará en un futuro inmediato- exigen del ámbito político el mismo nivel de consenso que tradicionalmente ha alcanzado la solidaridad entre la ciudadanía vasca. Se trata, en este sentido, de abrir una reflexión sobre la financiación de un sistema de atención a la dependencia, de complementos a las pensiones y ayudas contra la exclusión cuyo objetivo básico e irrenunciable debe ser la cohesión social. Todo lo contrario de actitudes como la del PP alavés -con el alcalde Javier Maroto a la cabeza-, que lleva varios meses con su retahíla de una campaña destinada a exacerbar las diferencias y amplificar los casos aislados de fraude estigmatizando a determinados colectivos de inmigrantes extranjeros con la pretensión de mermar el sistema de ayudas sociales. La pretensión del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, de lograr en las próximas semanas pactar un decreto que defina la cartera de servicios sociales es una iniciativa loable, pero también compleja por cuanto supone anteponer el diálogo sobre la respuesta a las necesidades a las pretensiones electorales de las formaciones políticas. Un acuerdo de esas características aportaría buenas dosis de la credibilidad que, hoy más que nunca, los partidos políticos precisan, especialmente porque supondría la superación de las dinámicas de simple oposición y los rifirrafes a cuenta de las políticas sociales. Pero también es cierto que el consenso sobre la disponibilidad o sobre el modo de obtener los ingresos necesarios para cubrir las necesidades sociales exigirá un esfuerzo que hoy se adivina titánico. Sin embargo, abogar por una reforma fiscal que permita generar recursos mediante recargos impositivos o impuestos concretos se antoja lógico después de que el capítulo social se lleve ya tres de cada cuatro euros de los Presupuesto. No obstante, este planteamiento conlleva la premisa de que todas las partes -fuerzas políticas y agentes sociales- acepten su cuota de responsabilidad a la hora de diseñar una fiscalidad apropiada a las características de la sociedad y no a la de reducidos intereses.
