La orden de detención y extradición dictada el pasado viernes por la jueza argentina María Servini contra una veintena de personas que ejercieron diversos cargos durante la dictadura franquista -entre ellos varios exministros, entre los que destacan Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, así como mandos policiales, agentes y jueces del régimen- para su toma de declaración con el objetivo de esclarecer diversas muertes y desapariciones durante la negra etapa que impuso el fascismo en el Estado español supone un importante salto cualitativo y un hito con escasos precedentes en contra de la impunidad y en favor de la justicia universal. La resolución de la magistrada es un espaldarazo de valor intrínseco a la larga lucha emprendida por personas y colectivos -entre ellos los afectados por el 3 de marzo de Gasteiz- que llevan años buscando, contra viento y marea, algún resquicio legal para conseguir que se haga justicia con las víctimas del franquismo y se conozca la verdad de lo ocurrido durante la dictadura. No han sido pocos los obstáculos que han tenido que sortear. El primero, la nula actitud colaboradora tanto de los gobiernos como de la justicia españoles. Ha tenido que ser una jueza que ejerce a más de 10.000 kilómetros de distancia la que ha abierto la esperanza, mínima aún, para que las víctimas puedan obtener alguna reparación, siquiera simbólica, y los autores sean castigados. En definitiva, que el mundo conozca la verdad y que los verdugos carguen con su responsabilidad. Sin embargo, la disposición mantenida hasta ahora por las autoridades españolas no invita al optimismo. El precedente de la petición de extradición de los expolicías torturadores Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y Jesús Muñecas, que fue denegada por la Audiencia Nacional, muestra el nulo interés por conocer lo que ocurrió y entorpecer la investigación, lo que augura escaso recorrido a la petición de Servini, aunque la extensión de la orden a Interpol puede impedir que los imputados salgan del país, a riesgo de ser detenidos. Está en manos de los jueces y del Gobierno español homologarse a las democracias reales y prestar colaboración para esclarecer estos y otros crímenes. Es más, deberían ser las instituciones judiciales españolas las que, siguiendo el ejemplo de Servini, investigasen y juzgasen los numerosos crímenes del franquismo.
