el director de Juventud y Deportes del Gobierno vasco, Jon Redondo, presentó ayer el informe jurídico que analiza las vías para la representación internacional de las selecciones deportivas vascas, en el que constata que no existe cortapisa legal alguna, ni en la legislación estatal ni en la normativa internacional específica del deporte, que lo impida. En realidad, todas las dificultades que halla la participación normalizada de Euskadi en competiciones deportivas oficiales tienen su origen únicamente en la resistencia política que el Estado español traslada a las instancias internacionales por su incomprensión hacia los hechos diferenciales de las nacionalidades que, sin embargo, sí se contemplan en la Constitución y en el Estatuto de Gernika. En lo que se refiere al ámbito deportivo, el Estatuto de autonomía otorga a Euskadi en su artículo 10.36 competencias exclusivas sin cortapisa. A su vez, la Constitución no incluye el ámbito deportivo en su artículo 149, donde contabiliza las competencias que el Estado se reserva como suyas. En otras palabras, la presión que el Estado español ejerce sobre las federaciones internacionales de las distintas modalidades deportivas con la intención -y el efecto- de impedir el reconocimiento de las representaciones vascas no tiene más sustento que la cerrazón y la falta de voluntad política. Y más aun, cuando el Gobierno del PP está utilizando el deporte como una herramienta de proselitismo patriótico, empeñado en ignorar la existencia en la sociedad vasca de una amplísima y mayoritaria demanda de la oficialidad para sus selecciones. Esta actitud política derivó además en el impuso del Gobierno Aznar que llevó a algunos organismos internacionales -entre ellos la UEFA- a alterar en octubre de 2001 sus estatutos para condicionar la pertenencia a dicha entidad únicamente a aquellas federaciones avaladas por un Estado. Sin embargo, esto no ha impedido que entre los 54 miembros de la UEFA haya notorias excepciones, la última de ellas Gibraltar, que ya disputa competiciones internacionales después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo le otorgara la admisión. Y a pesar de que anteriormente el organismo europeo de fútbol le hubiera cerrado la puerta al Peñón británico por los mismos motivos que esgrime el Estado español para impedir la oficialidad de la selección vasca.
