si el acceso de los jóvenes a una vivienda digna -aun carísima y financiada con generosos créditos hipotecarios- era hace apenas unos años una acuciante demanda social al calor de la burbuja inmobiliaria, hoy este problema se ha traducido en la espada del desahucio que pende sobre cientos de familias alavesas. Y aunque las llaves de este drama social se pierdan sumergidas en los pozos del mercado inmobiliario o de los activos tóxicos bancarios, también recae en las instituciones públicas la obligación de dar una respuesta política al problema. Los grupos de la oposición en las Juntas Generales de Álava han detectado que la propia Diputación alavesa, por deudas contraídas con la Hacienda foral, tiene embargadas numerosas viviendas en riesgo de ejecución de desahucio que, debido a esta carga, no pueden optar a negociar una dación en pago. PNV, Bildu, PSE y EB negociaron la pasada semana una iniciativa conjunta para forzar, con la mayoría que suman los cuatro grupos, la elaboración de una norma foral que dé soporte jurídico a la cancelación de las cargas tributarias forales que pesen sobre familias amenazadas por un proceso de desahucio. Una medida que sí es posible y que, a pesar de que no resuelve el problema de fondo, sí contribuye a aliviar, al menos en la parte que le corresponde a la Diputación, la grave situación que atraviesan numerosas familias alavesas. Pero esta moción, que entró en el registro de las Juntas el pasado viernes, tuvo además la virtud de espolear al gobierno del PP. Los servicios jurídicos forales tuvieron que trabajar a contrarreloj para que fuera la propia Diputación la que presentara, deprisa y corriendo anteayer mismo, un proyecto de norma foral en este sentido y poder ahorrarle así a Javier de Andrés una derrota en Juntas que le hubiera sacado los colores en un asunto socialmente tan sensible. Y es que la inacción del diputado general es clamorosa en estos últimos dos años, en los que su equipo ha sido incapaz de impulsar una sola iniciativa de calado en ningún ámbito socioeconómico -más allá de las sonoras boutades de Javier de Andrés sobre el aborto o el terrorismo- pero su gabinete sí demuestra, sin embargo, una destreza especial para la manipulación detrás de las bambalinas de las Juntas Generales, ya sea en su reiterada política de opacidad o, como en este caso, para neutralizar las acciones de la oposición.