La nueva ponencia de autogobierno organizada por el PNV ha tenido un tropiezo desde su inicio. Era de esperar que PNV y PSE, los dos grandes partidos que han dirigido los estatus de autogobierno de Euskadi durante los últimos años de nuestra historia, hayan decidido ser los primeros en tomar las riendas de este asunto. Lo curioso es que al hilo del tan discutido derecho a decidir hayan tenido un tropiezo ya desde el primer cimiento del edificio. Y el tropiezo viene de un problema de prioridades.

Lo que buscan los jeltzales es renovar el estatus político de Euskadi, actualmente una comunidad autónoma regida por un Estatuto acorde a la Constitución. La renovación tiene por objetivo blindar un estatus de forma jurídica aún indefinida para que las leyes españolas no aplasten sus competencias. Si esto es así, no cabe duda de que toda renovación requerirá la vía constitucional y, por ende, es necesario contar con las grandes fuerzas españolas PSOE y PP.

La introducción del derecho a decidir es aquí un obstáculo. Ni PP ni PSOE pueden admitir de ninguna de las maneras este concepto aplicado solamente a Euskadi. El pueblo soberano con derecho a la decisión es el español en su conjunto, no una parte de él. Si es así, se debe pactar transversalmente, dejando de lado las diferencias, si es que lo prioritario es renovar el estatus, cosa a la que al menos el PSE parece dispuesto.

Ahora bien, si la prioridad es abrir puertas a un estado independiente, el pacto con los constitucionalistas es inútil y sólo cabe pactar con fuerzas independentistas, como en Catalunya, y realizar una consulta soberanista con todas las consecuencias. El PNV debe calificar cuál es la vía prioritaria, pero no mezclar ambas, Una es renovar lo que se tiene y otra, avanzar hacia algo plenamente diferente. Para ambas vías hay distintos compañeros de viaje, incompatibles entre sí.