LA ratificación en la Comisión Mixta del Concierto Económico de la reforma pactada para la concertación de siete impuestos -loterías y apuestas, depósitos en entidades de crédito, producción de energía eléctrica y de energía nuclear, hidrocarburos, gases fluorados y actividades de juego- supone un nuevo ejercicio de la bilateralidad que, tanto el Estatuto de Gernika en el artículo 42 de su título III, como la Constitución de 1978 en su Disposición Adicional I, atribuyen a la relación económica entre los territorios forales que componen la CAV y el Estado. La actualización del Concierto, que ha tenido al menos cinco antecedentes (1985, 1990, 1997, 2002 y el blindaje de 2010) de relevancia, posee sin embargo en esta ocasión otros dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, lo que la gestión de esos nuevos impuestos -70 millones de ingreso- supondrá en el apoyo al relanzamiento económico de Euskadi, sin perjuicio de la aún pendiente y pertinente reclamación y negociación de las liquidaciones del Cupo -que el Gobierno Vasco cifró el pasado año en 800 millones de euros-, en un momento crucial para iniciar la superación de la crisis económica. Por otro, la normalización de la actividad institucional en la izquierda abertzale con todas sus consecuencias y en todos sus niveles, incluidos los acuerdos interinstitucionales con el Estado en virtud del marco estatutario, en este caso en materia económica y a través de la Diputación de Gipuzkoa, que lidera. Así, la presencia del diputado general, Martin Garitano, en el acuerdo de renovación del Concierto completa la aceptación de la estructura institucional derivada del Estatuto de Gernika -histórica y erróneamente denostada desde la izquierda abertzale- tras haber llegado al gobierno de la Diputación hace dos años y medio y utilizado desde entonces los recursos de gestión que dicha estructura le proporcionaba. En otras palabras, la nueva actualización del régimen que regula los nexos financieros y económicos de la CAV con el Estado español ratifica la viabilidad de una relación bilateral y la eficacia que la misma proporciona a la gestión y al acuerdo, pero también un nuevo paso en la normalización de los vínculos institucionales y políticos, tanto a nivel interno en Euskadi como con los representantes del Estado.