la detención desarrollada ayer por sorpresa y que se saldó con la detención de ocho personas implicadas en los grupos de enlace con los presos de ETA -entre ellos, algunos de sus principales abogados- y de otras organizaciones vinculadas con la izquierda abertzale parece otro ejercicio de humo para desviar la atención de los problemas que se le acumulan al Gobierno del PP. A la espera de los resultados judiciales y de las pruebas objetivas que puedan avalar el despliegue policial, no se puede olvidar que otras actuaciones similares -también con impulso de la Audiencia Nacional y el apoyo político y mediático del aparato de propaganda del Ministerio de Interior- han acabado con la puesta en libertad de los detenidos o con el archivo de la causa sin juicio por falta de pruebas. Cabe recordar, en este sentido, que todos los arrestados en la aparatosa operación llevada a cabo hace dos meses contra Herrira, organización de apoyo a los presos a la que el ministro Jorge Fernández Díaz vincula las detenciones de ayer -utilizó la misma expresión de tentáculo de ETA en las cárceles-, están en libertad. Tampoco se puede pasar por alto el contexto político, un día después de la imputación de la infanta Cristina de Borbón. La maniobra policial de ayer, escandalosamente anticipada por la prensa amiga y por el propio Ministerio del Interior cuando la operación ni siquiera había comenzado todavía y ampliamente pregonada ante la parroquia de la derecha, se produce también el mismo día en que se conocen los datos sobre el paro en Europa -con España a la cabeza y un porcentaje que supera el 57% entre los jóvenes- o el mismo día en que se publica que Jaume Matas, condenado por corrupción, no ingresará en prisión a la espera del indulto del Gobierno. El mismo día en que el caso Blesa vuelve a airear el hundimiento de las cajas de ahorro o que se hacen públicas las divergencias internas en el PP por la Ley del Aborto. Y tres días antes de la movilización prevista en Bilbao para exigir al Gobierno de Rajoy el fin de la dispersión y de las medidas penitenciarias de excepción. Será difícil, dos años después de que ETA anunciase el abandono de la violencia, demostrar que esta operación no es un nuevo intento de utilizar los resortes judiciales y policiales del Estado en un ejercicio de propaganda.